Debido a la gran afluencia de inmigrantes que llegan a España, el Gobierno pretende reformar de nuevo la Ley de Extranjería. El nuevo paquete de medidas que entrará en vigor de forma inminente, tras acometer una importante reforma legal tanto en el Código Penal como en el Civil, fue presentado el 12 de enero de 2003 en Barcelona por el ministro del Interior, Ángel Acebes, y el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Éstos son los principales cambios previstos:
Mafias. Las penas de prisión máximas para culpables de tráfico ilegal de personas se ampliarán de 3 a 8 años. En el caso de que haya intención de explotación sexual, las condenas se elevarán de 4 a 10 años de cárcel.
La condena contra los traficantes de personas todavía puede ser mayor –aún sin especificar cuánto– 'si se pone en peligro la vida, salud, la integridad de las personas, o si éstas son menores de edad', aclaró el ministro Acebes (Hasta ahora, el artículo 312 del Código Penal prevé penas de entre seis meses y tres años de prisión para quienes "trafiquen de manera ilegal con mano de obra", así como para "quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas". Sin embargo, el vigente Código Penal no contempla como delito la explotación de inmigrantes, una actividad que en España se sanciona como una simple infracción laboral).
Expulsión del país. Los inmigrantes que cometan delitos menores, como, por ejemplo, robos o hurtos, serán expulsados de forma inmediata, sin esperar al juicio.
Veto a los delincuentes. Los extranjeros que cometan algún delito que sean expulsados, tendrán vetada la entrada a España durante diez años. Además, España promoverá la creación de un listado con los delincuentes para que no puedan ir a ningún país de la UE.
Divorcio. Se reformará el Código Civil para que los cónyuges extranjeros puedan divorciarse igual que los españoles, sin que se les aplique la legislación de su país, que en muchos casos lo prohíbe.
Mutilación genital. La ablación del clítoris se considerará delito específico (hasta ahora estaba contemplado en el capítulo de lesiones del Código Penal).
Atención social. Se crearán centros de atención social para inmigrantes.
Ya anteriormente el Ejecutivo había anunciado su intención de cerrar definitivamente la puerta a las legalizaciones automáticas por arraigo (la actual Ley de Extranjería, en vigor desde el año 2000 y modificada pocos meses después, contempla la posibilidad de que un inmigrante ilegal obtenga un permiso de residencia temporal en España si es capaz de probar su permanencia continuada durante un periodo mínimo de cinco años, o incluso de tres si puede acreditar su "arraigo" en España, es decir, su incorporación real al mercado de trabajo o "vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles").
La llegada de inmigrantes, en cifras.
En 2002 fueron expulsados de España 75.499 inmigrantes ilegales y fueron desarticuladas 777 organizaciones de tráfico de extranjeros (362 en 2001), con 2.166 miembros de estas mafias detenidos (1.233 en 2001). La Guardia Civil llevó a cabo durante 2002 un total de 1.020 actuaciones españolas, salvando la vida a 16.670. En España hay 1.324.000 inmigrantes (un 165% más que en 1996).
Durante 2001, la detención de ilegales en el momento de su llegada a España, especialmente vía marítima, se convirtió en una noticia prácticamente diaria. A lo largo del año, un total de 17.692 inmigrantes fueron interceptados a su llegada en patera a las costas españolas, un 23,4% más que en 2000. El mayor aluvión de ilegales detenidos (20 minutos, 21 de agosto) en un solo día se produjo el fin de semana del 18 y 19 de agosto, con la detención de 804 individuos que pretendían entrar ilegalmente en la Península. Además, unos 4.000 inmigrantes han perdido la vida en aguas españolas en los últimos cinco años, según las estimaciones de la Asociación de Trabajadores de Inmigrantes Marroquíes (ATIME).
España está todavía a la cola de Europa en número de inmigrantes, por detrás de Alemania, que acoge a un 8,9% o Francia, con un 5,6%. Pero la inmigración va en aumento y la población extranjera es ya de 1.243.919, lo que supone el 3% del total.
A la tradicional ruta a través del Estrecho de los magrebíes se ha unido ahora la travesía hasta Canarias, más larga y peligrosa. El Gobierno ha detectado además un notable incremento del número de inmigrantes subsaharianos y ha expresado su preocupación por el "repunte" de la inmigración asiática.
En el primer semestre de 2001 llegaron hasta Ceuta unos 200 inmigrantes procedentes de La India, Bangladesh y Pakistán. La Policía Nacional afirma que se trata de individuos con elevado poder adquisitivo, a los que es difícil repatriar porque España no siempre tiene convenios con las embajadas de estos países y muchos de ellos no les reconocen como ciudadanos.
Una de las ciudad que está viviendo con mayor dramatismo el tema de la inmigración ilegal es Las Palmas de Gran Canaria. Así, su alcalde, José Manuel Soria, exigió en junio de 2002, al Gobierno español el inicio inmediato de expulsiones masivas de los 280 inmigrantes irregulares que pernoctan en las calles de la ciudad y alertó del fin de la "solidaridad" (20 minutos, 28 de junio de 2002) de la capital grancanaria. "Llevamos dos años soportando el peso de la inmigración ilegal en Canarias y esta ciudad no admite un solo inmigrante más", aseveró el también presidente del PP canario, quien, para frenar esta situación, no le importó pagar a decenas de inmigrantes un billete de avión a Madrid.
Los inmigrantes son ya el 4% de la población española
La inmigración ha aumentado de forma importante en la última década, pero especialmente en los últimos cinco años, a un ritmo anual del 20%, según un estudio realizado por el colectivo Ioé que fue presentado ayer por la Fundación la Caixa. Así, entre diciembre de 1996 y marzo de 2002 llegó un número de extranjeros superior al que había hasta entonces en España (más del triple en el caso de los oriundos del Tercer Mundo).
Proporción. Los extranjeros representan el 3% de la población, porcentaje que asciende al 4% al contabilizar a los nacionalizados españoles (150.000) y a los irregulares (entre 250.000 y 300.000).
Procedencia. Del 1.243.000 inmigrantes residentes en España a 31 de marzo de este año, el 27% procedía de la UE; el 26%, de África; el 24%, de Suramérica; el 10% de otros países de Europa; el 8%, de Asia, y el 5%, de América Central.
Distribución. Madrid y Barcelona son las provincias que acogen a un mayor número, pero los territorios donde su proporción es mayor son Almería y Girona (más del 7%). Detrás se sitúan Baleares, Las Palmas y Melilla, con el 6%, y Madrid, Málaga, Alicante, Barcelona y Tenerife (cerca del 5%).
Mercado laboral. La tendencia de los últimos tres años indica una lenta expansión de los extranjeros hacia empleos industriales y de servicios. No obstante, el 29% de los afiliados a la Seguridad Social se concentran en el servicio doméstico; el 9%, en hostelería, y el 7%, en agricultura, cifras muy altas en relación con los demás países de la OCDE.
Perfil del trabajador. La mano de obra extranjera es más joven que la autóctona, aunque predominan los empleados de edad media (de 24 a 40 años). Los grupos con un perfil más joven son africanos, latinoamericanos y asiáticos; y los más envejecidos son europeos comunitarios y norteamericanos, aunque en menor medida que los españoles.
El 81% estudia en centros públicos
Los centros públicos escolarizan a dos tercios del alumnado español y al 81% de los extranjeros, mientras que los centros privados acogen a un tercio de los autóctonos y apenas al 19% de los alumnos de origen inmigrante, diferencia que previsiblemente se acentuará con los años. El grueso de los escolares de origen extranjero, más del 44%, cursa estudios primarios; el 17%, ESO, y el 19%, educación infantil.
Medidas aprobadas por la UE. El problema de la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los temas más importantes de la política de la Unión Europea (UE), que va aprobando medidas cada vez más restrictivas. De los 380 millones de habitantes con los que cuenta la Unión Europea, un 5,1% son extranjeros. Asimismo, de acuerdo con los datos que baraja la Comisión Europea, en la UE residen tres millones de inmigrantes clandestinos. Los expertos calculan que esta cifra se incrementa, en la actualidad, a razón de 500.000 al año, y añaden, además, que una de las principales fuentes de exportación de ilegales se encuentra en Europa del Este, esencialmente Albania y la ex República Yugoslava.
Tras haberse convertido en el primer continente en recibir inmigrantes, Europa quiere empezar a cerrar sus puertas. Con el telón de fondo de los atentados del 11 de septiembre y el auge de la extrema derecha, países de la UE, como Austria, Dinamarca (noticia publicada el 11 de junio de 2002), Reino Unido e Italia, ya han aprobado medidas más duras sobre extranjería.
En la Cumbre de Sevilla, (20 minutos, previa el 21 de junio y conclusiones lunes 24) que se celebró el 21 y 22 de junio de 2002, la UE aprobó un paquete de medidas para controlar el flujo de la inmigración ilegal consistentes en establecer controles fronterizos más estrictos y presionar a terceros países para lograr su cooperación. Además, se acordaron programas de expulsiones masivas de inmigrantes clandestinos, particularmente de aquellos que hayan cometido delitos o a los que se haya rechazado sus solicitudes de asilo. Estos programas tendrán tres etapas: en primer lugar, la UE calculará de cuánto dinero puede disponer; a continuación, aprobará un programa regulando los detalles de las operaciones de repatriación y, por último, pasados unos meses, hará balance de sus resultados.
En la Cumbre de Sevilla también se acordó la puesta en marcha del sistema común de identificación de datos de los visados. Aunque el presidente del Gobierno esapañol, José María Aznar, aseguró estar contento con los resultados de esta reunión de jefes de Estado de la UE, la verdad es que a España le hubiera gustado que se aprobara la posibilidad de ejercer medidas coercitivas contundentes contra las naciones terceras que no colaboren con el freno de la inmigración.
Policía Europea (20 minutos, 8 de mayo de 2002). La Comisión Europea propuso a los Quince un plan para proteger su territorio de la inmigración incontrolada, con la creación de una Policía de fronteras. El cuerpo de guardias fronterizos se crearía en un plazo mínimo de cuatro o cinco años y complementaría a las Policías de cada país. Bruselas propone que en una primera etapa esté formado por equipos mixtos compuestos de diversas nacionalidades, con la misión de vigilar las fronteras, comenzando por las marítimas.La nueva Policía, capacitada para practicar detenciones, debería contar con patrulleras, helicópteros y aviones equipados con medios electrónicos compatibles para desarrollar operaciones conjuntas. En este sentido, una instancia específica reuniría a representantes de los Estados para coordinar actuaciones e intercambiar información
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