Hacienda destapa un grave delito fiscal en la visita del Papa a Valencia:[size=150][/size]
La visita del Papa a Valencia en 2006 supuso unos importantes beneficios para la trama Gürtel —unos tres millones de euros— y menguó las arcas públicas, pero no solo por el sobrecoste que pagó la Televisión Valenciana (RTVV), dirigida entonces por Pedro García, un cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps, y amigo íntimo de la red corrupta, que dimitió de su cargo pero que aún no está imputado en la causa pese a que lo pidió la fiscalía. La Agencia Tributaria sostiene que la empresa adjudicataria de la explotación televisiva del acto, Teconsa, una constructora leonesa que actuaba de tapadera de la red Gürtel, defraudó a Hacienda más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades.
Así lo describe la Agencia Tributaria en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y en el que se realiza un primer avance del análisis de la contabilidad incautada a las sociedades de la red que lideraba Francisco Correa y de la propia documentación contable de Teconsa. El inspector de Hacienda que ha elaborado el informe advierte de la importancia de este avance ante el peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescriban si la Audiencia Nacional no actúa pronto. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace varios meses la imputación en la causa del que fue director general de la televisión autonómica valenciana. El juez Pablo Ruz, que instruye ahora el caso en la Audiencia Nacional, deberá resolver sobre esta petición en unos días.
La fiscalía pidió la imputación del exdirector de RTVV, aún no resuelta
Teconsa cobró 7,4 millones de euros (IVA incluido) de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel.
El informe de Hacienda describe lo que ya adelantó la investigación: “Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa”. Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos servicios que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa.
Además, el informe de la Agencia Tributaria expone que “existen indicios que permiten considerar” que la constructora se llevó 200.000 euros por “su participación” y que el resto fue repartido entre los cabecillas de la trama y el entonces director del ente público en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García.
Las fórmulas mediante las que Teconsa “trasvasó” el dinero a la red fueron tres, según el informe:
— Una parte fue cobrada “en efectivo por Pablo Crespo e ingresada en la caja B de la organización” como cobertura a unas facturas irregulares.
Determinadas personas se enriquecieron sin declarar a Hacienda”
— Otra parte se destinó a financiar una operación inmobiliaria en el municipio valenciano de La Nucia, “utilizando como justificante de la salida de fondos una factura emitida por una sociedad vinculada a la organización de Correa”.
— El resto, añade el informe, salió de Teconsa por medio de facturas que “documentan pagos a favor de los miembros de la organización para sus gastos particulares o el cobro de sus respectivas comisiones”.
Hacienda considera que existe un fraude de IVA de más 198.000 euros, porque Teconsa cobró más de un millón de euros de la Televisión Valenciana por este concepto. Sostiene que la constructora “cobró el IVA repercutido y redujo su propia cantidad a ingresar descontando el IVA de las facturas irregulares”.
En cuanto al impuesto de sociedades, el informe indica que para que un gasto resulte deducible es necesario que quede acreditada la realidad del mismo, así como su actividad empresarial. Dadas las facturas, que no reflejan verdaderas prestaciones de servicios, Hacienda sostiene que se desgravó “improcedentemente” dichas facturas, con lo que la cuota defraudada sería de 434.941 euros.
“Sin perjuicio de la trascendencia penal que tenga el hecho de que, inflando un contrato de adjudicación, se hayan detraído de la Televisión Valenciana fondos”, el informe añade que determinadas personas “se han enriquecido sin haber reflejado ese enriquecimiento en sus declaraciones tributarias”, indica el documento. Así, señala como posibles responsables a los seis miembros del Consejo de Administración de la constructora leonesa Teconsa y a quienes “se beneficiaron de la operación”, entre los que menciona a Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y al que era director de la televisión pública valenciana en el momento en el que se produjo la adjudicación, Pedro García. Este, según la contabilidad incautada a la trama, percibió 500.000 euros por el contrato.
Francisco Correa usó de tapadera a una constructora leonesa (Teconsa)
Después de más de dos años desde que la investigación judicial y policial destapara el pelotazo de la red Gürtel, con la connivencia de cargos del PP valenciano, en la visita del Papa Benedicto XVI, Pedro García aún no ha sido imputado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que era el tribunal valenciano el que debía investigar esta causa y el valenciano no lo aceptó.
Ahora, cuando la instrucción del grueso del caso Gürtel está en manos de Pablo Ruz, después de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, este juez deberá decidir la imputación del ex director general del RTVV, tal como solicitó la fiscalía, y resolver sobre las numerosas irregularidades que denuncia el informe de la Agencia Tributaria con un grave perjuicio para las arcas públicas.
http://politica.elpais.com/politica/201 ... 56274.htmly otra:
Canal 9 abonó 634.000 euros por tres reportajes de sesgo ultraconservadorCanal 9 no compró tres reportajes a la empresa Triskel Audiovisual, vinculada a Fernando Lázaro Quintela, actual director de Antena de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), por 200.000 euros, una cantidad desorbitada que puede multiplicar por 50 los precios de mercado de la emisión de un documental que tuviera calidad. Pagó el triple.
Aunque fuentes oficiosas de la televisión autonómica habían comentado que el precio pagado por RTVV, y no desmentido por la cadena, era de 66.000 euros por cada uno de los tres reportajes, según denunció ayer el comité de empresa de RTVV, que ha tenido acceso a información de los pagos, el 26 de julio de 2011 se firmó un contrato con Triskel que suponía el abono de 538.000 euros más IVA, es decir, 634.840 euros, por los derechos de tres reportajes. Canal 9 hasta ahora solo ha emitido uno de los tres programas.
Se trata de tres reportajes de actualidad de sesgo ultraconservador y de bajo presupuesto, nada que ver con un documental elaborado con años de producción, viajes al extranjero, y alardes de montaje, que perfectamente podrían haber elaborado los periodistas de la casa. Por lo que el dinero abonado resulta disparatado, a juicio de los sindicatos. “Con ese dinero hacemos reportajes así para todo el año”, denuncia el comité de empresa.
RTVV, que no desmiente el pago de más de 600.000 euros por los programas —“mantenemos la confidencialidad de los contratos”—, aseguró ayer que se compraron no solo derechos de emisión, sino también los de explotación.
Canal 9 solo paga
1.800 euros cuando
coproduce un documental
Según la cadena autonómica, efectivamente, se firmó el contrato en julio (no confirma la fecha del día 26 que esgrime el comité de empresa), pero asegura que en el contrato se obtuvieron todos los derechos de explotación, y no solo los de emisión. Y es por eso que los tres documentales, tal y como ya se había publicado estos días, se han podido ver en la cadena Intereconomía TV, que defiende los postulados más a la derecha del espectro político. Al igual que Canal 9 no explica cuánto le costaron los tres reportajes, no da cifras de cuánto ganó por la venta del derecho de emisión a la cadena nacional.
RTVV también asegura que a finales de 2011 Triskel renegoció el contrato para recuperar ciertos derechos (tampoco dice cuáles, si afectan a áreas de emisión, idiomas...) y al final se ha abaratado el contrato un 50% de lo inicialmente firmado. La cadena tampoco facilita los datos finales de ese contrato. Ni tampoco aclara si el documento inicial lo firmó el administrador de la cadena, Luis Redondo, o el propio director general de RTVV, José López Jaraba, obligado a hacerlo si las cantidades de los contratos superan cierto límite, que según algunas fuentes se sitúa en 600.000 euros.
Foto en Twitter de Fernando Lázaro Quintela.
El caso es que hasta ahora los valencianos solo han podido ver, el pasado 24 de enero, uno de los documentales el titulado Garzón: el jutge estrela al descobert, documental muy crítico con el juez Baltasar Garzón que abordaba los procesos judiciales que afronta en estos momentos, y que ya fue emitido por Intereconomía el 30 de octubre de 2011.
Quedan pendientes el dedicado al líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba (que dio la cadena nacional el 13 de noviembre), y el de los GAL (en Intereconomía el 6 de noviembre). Este último fue programado por Canal 9 el 20 de noviembre pero se canceló por el anuncio de ETA del abandono de las armas.
Como publicó ayer EL PAÍS, el precio pagado era desorbitado ya con la cifra inicialmente barajada (más aún si el coste final es de 634.840 euros), puesto que la emisión de un documental en cadenas generalistas no cuesta más allá de 1.000 o 1.500 euros. Además, los documentales que normalmente coproduce Canal 9, y que con ello obtiene los derechos de emisión, solo consiguen como máximo 18.000 euros de la cadena autonómica.
Pero es que además hay que tener en cuenta que Alberto Fabra, presidente de la comunidad con el mayor índice de deuda de toda España, que ronda el 20% del PIB, ya lanzaba en verano pasado mensajes de austeridad para afrontar la crisis. Y ha sido bajo su gobierno cuando RTVV, con deudas por 1.200 millones, se gasta un dinero que la oposición califica de “saqueo” a las arcas públicas. Bajo su mandato y con su consentimiento, pues ha sido con su permiso cuando se ha renovado el consejo de administración de RTVV, cuando se ha renovado la confianza en López Jaraba como director general, y cuando se ha contratado como director de Antena a Fernando Lázaro Quintela, anterior director de Organización y Desarrollo de Intereconomía TV.
La oposición también ha criticado que se favorezca con tanto dinero a una productora vinculada con Quintela, cuando precisamente es el nuevo directivo de RTVV al que en principio se señaló para poner en marcha el expediente de regulación de empleo (ERE) del ente, que según algunas fuentes podría afectar a más de dos tercios de sus 1.800 trabajadores. Solo está pendiente la contratación por 190.000 euros de la empresa que llevará las cuestiones técnicas.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/01/ ... 01757.htmlQué bonita está Valencia tú!!