La Generalitat ha iniciado el proceso de venta de 28 edificios valorados en unos 550 millones de euros, entre los que destacan inmuebles emblemáticos como las sedes de la Conselleria d’Educació (Via Augusta, 202), Agricultura (Gran Via, 612), Territori (Josep Tarradellas, 2), Treball (Sepúlveda, 148), Medi Ambient (Diagonal, 523), o la Agència Tributària de Catalunya (Fontanella, 6). La venta, pieza clave del programa de reducción del déficit público de la Generalitat, prevé cerrarse antes de final de año.
La Generalitat, que seguirá ocupando los inmuebles en alquiler, ha iniciado dos procesos paralelos de venta. El mayor, diseñado por el departamento de la consultoraPWCque dirige el ex conseller Joaquim Triadú, engloba 26 edificios de oficinas de la propia Generalitat, situados en el centro de Barcelona y a los que atribuye un valor mínimo de 450 millones de euros. Paralelamente, ICF Equipaments, uno de los brazos inversores del Govern en el sector inmobiliario, ha sacado ya a licitación pública el “contrato privado de servicios de gestión comercial” para la venta del inmueble de Josep Tarradellas, 2 (que valora en 56 millones de euros), una nave logística de Sant Sadurní d’Anoia y nueve oficinas del Servei Català d’Ocupació: tres lotes con un valor total de 97,8 millones de euros. Este concurso público, para contratar a una consultora inmobiliaria que gestione la venta, cierra la presentación de ofertas el 16 de agosto y está previsto que se adjudique antes de final de mes, mientras que el contrato para contratar a los intermediarios del grueso del paquete se prevé que se publique en el DOG antes de final de mes.
El proceso principal, que está diseñando PWC, incluye inmuebles en las zonas más cotizadas de Barcelona, como paseo de Gràcia (el número 19, junto a la bolsa, ocupado por oficinas del Departament d’Economia), Diagonal (el número 523, ocupado por oficinas de Medi Ambient) o Fontanella (el número 6, ocupado por la Agència Tributària, situado en el mejor eje comercial de Barcelona), junto con otros menos céntricos como la sede de la Sindicatura de Greuges (Lluís Companys, 7) o la del Institut Obert de Catalunya (Paral·lel, 71). Fuentes cercanas al proceso explicaron que la Generalitat ha optado por agrupar estos inmuebles en dos lotes, de similar valor, que habrán de adjudicarse en bloque para asegurar que no queden los peor ubicados sin vender. Los lotes incluyen además algunos edificios adquiridos hace pocos años por la Generalitat, como el edificio EcoUrban del 22@, promovido por Habitat y adquirido en el 2008 a General Electric RE, o el de Josep Tarradellas, adquirido a Inmobiliaria Colonial en el 2009.
Estos inmuebles, además, fueron adquiridos con financiación bancaria principalmente de La Caixa, Banc Sabadell y BBVA, que generan costes financieros para la Generalitat. De hecho, fuentes cercanas al proceso señalan que la Administración pagará ahora un alquiler de 37 millones de euros por estos 26 inmuebles de oficinas, por los que ahora paga 29 millones en intereses de los censos enfitéuticos.
Fuentes inmobiliarias destacan que la venta que inicia la Generalitat se verá muy perjudicada por los ataques a la deuda española en los mercados financieros. Estas fuentes señalan que el referente para los inversores inmobiliarios internacionales es el rendimiento del bono español a diez años, que ahora ronda el 6%, al que exigen un diferencial de unos dos puntos: esto rebajará el precio de los inmuebles.
La Generalitat ha dado prioridad a la rapidez de la venta y a la desinversión en bloque en el planteamiento de esta privatización. Así, en el proceso de venta que ha iniciado el ICF Equipaments se prevé que la consultora inmobiliaria que intermedie la venta cobre una comisión del 2% si vende los tres lotes de inmuebles antes de tres meses, porcentaje que baja al 1,5% si vende sólo dos lotes en ese periodo y al 1% si vende un solo lote. Además, pasados los primeros sesenta días la comisión se reduce en un 0,1% cada mes, y el contrato de comercialización en exclusiva expira a los seis meses y es improrrogable.
Los inversores, tanto fondos internacionales como family ofices, han mostrado mucho interés por invertir en los inmuebles de la Generalitat: más de 40 grupos inversores han contactado con la Conselleria d’Economia deseosos de invertir en el proceso, de forma que la Generalitat estudia organizar una reunión pública con inversores inmobiliarios, similar a la que hizo hace unos meses con inversores financieros, para explicarles los detalles del proceso.
Esta tarde estaban hablando de esto en las noticias, muy mal tienen que andar para vender patrimonio.
Pero lo gracioso de esto es que después seguirán de alquiler en los mismos edificios, con lo que a la larga va a ser más caro que mantener ese patrimonio siendo propio.
