María Dolores de Cospedal ha concretado en su investidura como presidenta de Castilla-La Mancha su plan de recorte para la comunidad autónoma. Consistirá en una reducción del 60% de los altos cargos , lo que supondrá, entre otras cosas, la eliminación de 30 de las 35 delegaciones provinciales.
La dirigente del PP ha explicado que bajo su mandato habrá un solo delegado en cada provincia, en lugar de los que representaban a cada consejería del Gobierno. Además, reducirá a 30 los 52 directores generales que hay en la actualidad, y suprimirá tres instituciones: el Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y Social. Los cargos de libre designación también se verán mermados a la mitad.
De Cospedal ha abierto la primera jornada del Debate de Investidura en las Cortes regionales exponiendo, sin límite de tiempo, el programa político de Gobierno que pretende desarrollar en la región y solicitando la confianza de la Cámara.
Además de confirmar su promesa de auditar las cuentas públicas, se ha comprometido a fijar un techo de gasto y endeudamiento, a analizar la viabilidad futura de la sindicatura de cuentas y a iniciar un proceso de saneamiento y privatización de la televisión pública. De Cospedal también ha anunciado planes de choque en empleo y educación.
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