Primera parte
11 de marzo de 2004 en Madrid: ¿fue realmente un atentado islamista?
por Mathieu Miquel
Una serie de atentados enlutó Madrid hace cinco años. La justicia española concluyó que aquella operación, atribuida sucesivamente a la ETA y después a Al Qaeda, fue de inspiración islamista, aunque no vinculada con redes internacionales.
La prensa española, con el diario El Mundo a la cabeza, está poniendo hoy en entredicho esa conclusión, de evidente carácter político. Como en los casos de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, o los de Bali, Casablanca y Londres, veamos un análisis sobre la cuestión.
192 muertos y 1 800 heridos. El atentado de Madrid constituye un verdadero trauma para la sociedad española, sobre todo porque la polémica sobre los verdaderos autores del atentado no ha terminado aún. El 11 de marzo de 2004, siendo alrededor de las 7 horas y 40 minutos de la mañana, diez bombas estallan en cuatro trenes en el espacio de unos pocos minutos. La fecha parece haber sido escogida cuidadosamente ya que los hechos se producen a sólo tres días de las elecciones generales a las que el Partido Popular (de derecha) del presidente saliente José María Aznar se presenta como favorito.
Las sospechas de la prensa y de la mayoría de los españoles se dirigen de inmediato hacia la ETA, el grupo nacionalista vasco, hacia el cual el presidente del gobierno saliente ha predicado una política de fuerza. Pero al producirse el arresto de un grupo de sospechosos marroquíes, la víspera de las elecciones, las sospechas de la opinión pública van a reorientarse hacia Al Qaeda.
El ataque pudiera ser una represalia por la participación de España en la guerra contra Irak, aunque las autopsias demuestran que no hubo ningún kamikaze. El posterior empecinamiento del gobierno de Aznar en condenar a la ETA es interpretado como el resultado de un cálculo electoral y la votación del 14 de marzo da la victoria al Partido Socialista de José Luís Zapatero. Tres semanas más tarde, el 3 de abril, 7 sospechosos magrebíes «se suicidan» al hacer estallar el apartamento en que se encontraban rodeados por la policía. La instrucción de la investigación durará más de dos años hasta que se abre el juicio por el atentado, en febrero de 2007.
La justicia confirma la tesis del atentado islamista pero los supuestos organizadores del atentado resultan absueltos. Sólo uno de los acusados es encontrado culpable de haber puesto bombas en los trenes y la mayoría de los 29 inculpados son condenados por ser miembros de grupos yihadistas, no por estar implicados en el atentado. El proceso de apelación confirma esa sentencia en julio de 2008.
En España, una intensa polémica se desarrolla aún sobre ese atentado, designado como «11-M». La prensa extranjera prácticamente se ha abstenido de reportar la polarización de los medios españoles en cuanto al tema [1]. Los dos principales diarios de España se oponen, en efecto, con rudeza al abordar los atentados del 11 de marzo.
Según El País (diario atlantista de centro izquierda), no existen dudas válidas sobre la tesis islamista, mientras que para El Mundo (periódico soberanista de centro derecha) la tesis islamista no es más que un montaje policial. El periodista más emblemático entre los defensores de esa opinión es sin dudas Luís del Pino, que trabaja para Libertad Digital, el primer diario numérico de España, y es además el autor de varios libros y documentales de TeleMadrid [2] sobre el tema. Otros medios, más dispuestos a tratar de desacreditar que a emprender un debate argumentado, califican la posición de Luís del Pino de teoría de la conspiración o de «consparanoia».
La división existe incluso entre los escépticos que se oponen a la tesis del atentado islamista. Algunos incriminan a la ETA mientras que otros sospechan de los servicios secretos, tanto de los españoles como de los extranjeros. Nuestro artículo no abordará el tema de los verdaderos autores del atentado sino que se limitará a demostrar que la versión oficial es falsa.
Como la justicia española ha avalado la tesis del atentado islamista, es esencial comenzar por la exposición de esa tesis. Por increíble que pueda parecer, las pruebas que supuestamente la confirman no resisten sin embargo el rigor de un análisis. Y el comportamiento sospechoso de ciertos elementos del aparato policial indica claramente la existencia de una voluntad de sabotear la investigación. Todas las informaciones expuestas en este artículo provienen de los medios españoles anteriormente citados y de los documentos judiciales oficiales, como el acta de inculpación, las audiencias del proceso y el veredicto.
La pista islamista
La tesis del atentado islamista es la conclusión final de una investigación que se desarrolló a partir de dos pistas. Expondremos aquí la marcha de esa investigación, poniendo énfasis en las pruebas aceptadas por la justicia española [3]. La primera pista de la investigación parte de una bomba que no estalló. Tres de las bombas depositadas en los trenes tenían un defecto y no estallaron. Se supo así rápidamente que las bombas estaban en bolsos de mano o en mochilas. En la mañana del 11 de marzo, los especialistas en explosivos neutralizaron dos de ellas mediante explosiones controladas.
Pero nadie reparó en la tercera mochila y ésta fue depositada junto a los objetos abandonados de las víctimas. Fue en el momento de inventariar dichos objetos que se descubrió la mochila que contenía la bomba, en la comisaría del barrio de Vallecas, durante la noche del 11 al 12 de marzo. Aquella bomba, conocida como «la mochila de Vallecas», se componía de 10 kilogramos de dinamita del tipo «Goma 2 Eco», metralla, un detonador y un teléfono celular (o móvil) que debía desencadenar la explosión a través de la función de despertador.
El teléfono contenía una tarjeta SIM que, al ser rastreada a través de la red de venta, permitió determinar dónde se había comercializado. El rastreo condujo a un establecimiento de Madrid especializado en la venta de artículos telefónicos, perteneciente a un marroquí, Jamal Zougam. Basándose en esos elementos, la policía arresta a Zougam, a dos de sus empleados y a dos indios que supuestamente habían vendido el teléfono. Estos arrestos tienen el 13 de marzo, víspera de las elecciones. Los medios anuncian los arrestos y dan amplia divulgación a las fotos de los sospechosos. En los días posteriores varios pasajeros del metro dicen haber visto a los detenidos en los trenes atacados. Finalmente, al cabo de varias semanas, la inconsistencia de los testimonios da lugar a la liberación de 4 de los 5 sospechosos. Zougam se mantiene en prisión ya que los testimonios en su contra parecen más sólidos.
La otra pista que sirve de punto de partida a la investigación son las revelaciones de Rafa Zouhier, un narcotraficante marroquí de poca monta, confidente de la Guardia Civil (la segunda fuerza policial de España [4]). A los pocos días del atentado este individuo dijo a la policía, en una conversación telefónica grabada, que abrigaba fuertes sospechas sobre un tal Jamal Ahmidan, alias El Chino. El Chino es otro traficante marroquí de poca monta y Zouhier lo había puesto en contacto con una banda de Asturias (región del norte de España) sospechosa de traficar, entre otras cosas, con explosivos originalmente destinados a la actividad minera.
Un miembro de aquella banda, Emilio Trashorras, confirma a la policía haber proporcionado al Chino explosivos del tipo Goma 2 Eco, afirmación corroborada por un joven gitano que participó en la transacción. Por otro lado, las comunicaciones entre varios miembros de la banda del Chino estaban siendo interceptadas en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas, y las grabaciones confirman que aquellas personas habían viajado a Asturias.
Las dos pistas de la investigación conducen a personajes completamente diferentes. Por un lado, a Zougam, y por el otro, al Chino y su banda. No se descubre ningún vínculo personal entre ambos. La única conexión viene de 7 tarjetas SIM cuyos números aparecen durante el rastreo a través de la red de comercialización de teléfonos. Y vinculan al Chino porque el operador telefónico Amena declara que las tarjetas fueron puestas en funcionamiento por vez primera el día anterior al atentado y en la zona de cobertura de una antena que cubre la casa del Chino.
Al parecer, los explosivos se encontraban en aquella casa y la elaboración de las bombas se desarrolló en ese mismo lugar. Después de su activación, no se registró más actividad de las 7 tarjetas SIM, lo cual parece indicar que fueron utilizadas para hacer estallar las bombas. Se establece así el vínculo entre Zougam y la banda del Chino.
Cerca del mediodía del 3 de abril, o sea tres semanas después del atentado, la policía localiza finalmente la banda del Chino en un apartamento de Leganés, en las afueras de Madrid. Al descubrir la presencia de la policía, los sospechosos se niegan a rendirse y llegan a abrir fuego. Al caer el día, el GEO (Grupo Especial de Operaciones de la policía española) lanza un asalto para tratar de capturar a los miembros del comando terrorista. Los servicios de inteligencia advierten a la policía que los sospechosos rodeados han realizado varias llamadas telefónicas en las que anuncian que tienen intenciones de suicidarse. La policía fuerza la puerta del apartamento y se produce una explosión en la que mueren los 7 sospechosos y un policía del GEO.
Entre los escombros del apartamento aparecen explosivos del tipo Goma 2 Eco, algunos textos y un video reclamando la autoría del atentado, pero las personas que aparecen en el video no son identificables ya que portan máscaras. Al igual que El Chino, la mayoría de los 7 muertos son narcotraficantes de poca monta. Los demás son miembros de círculos islamistas radicales. La sentencia del juicio establece como conclusión que estas personas depositaron las bombas, con la participación de Zougam, y que planeaban cometer otros atentados en la región de Granada, donde habían alquilado un apartamento.
Cierto número de indicios secundarios corroboran las conclusiones de esa investigación. Entre ellos se menciona una furgoneta Renault Kangoo ya que se trató del primer elemento importante encontrado durante la investigación y su hallazgo provocó numerosas polémicas. Este vehículo se hallaba en el parqueo de la estación del metro de Alcalá, por donde pasaron todos los trenes que estallaron el 11 de marzo. Un conserje del barrio declaró que en la mañana del 11 de marzo había visto tres individuos sospechosos merodeando alrededor de la Kangoo. Estaban prácticamente enmascarados con bufandas y gorros y uno de ellos se dirigió hacia la estación del metro con un bolso.
Hacia el final de la mañana, la policía abre la furgoneta y la inspecciona. Dos perros entrenados en detección de explosivos verifican la Kangoo sin encontrar nada sospechoso. Al encontrarse en la lista de vehículos robados, la furgoneta es trasladada a una dependencia de la policía. Allí, después de una nueva inspección, aparecen en la furgoneta 7 detonadores, un fragmento de explosivo del tipo Goma 2 Eco envuelto debajo de un asiento y, lo más importante, un casete de audio con una grabación del Corán, que tendrá un impacto decisivo en la opinión público española. El veredicto del juicio concluye que el objetivo del comando terrorista era imponer la ley islámica en Europa mediante la fuerza y que el grupo se inspira en el ejemplo de Al Qaeda, sin estar por ello vinculado a esa organización [5].
Las grietas del veredicto
Acabamos de exponer aquí todas las pruebas importantes que sirvieron de basamento a la tesis del atentado islamista. Todas, sin embargo, están plagadas de elementos sospechosos, como veremos a reanalizarlas una por una. La prueba material fundamental es una de las bombas que no explotó el 11 de marzo: la que apareció en la mochila de Vallecas. Graves sospechas de falsificación existen, sin embargo, en cuanto a su composición así como en lo tocante a las circunstancias en que se produjo el hallazgo. En primer lugar, la bomba no explotó porque había un cable que simplemente no estaba conectado. El especialista en explosivos encargado de desactivarla declaró en el juicio que aquella «chapuza» no se correspondía con la complejidad del resto del dispositivo [6]. Existe, además, una diferencia esencial entre la composición de la bomba encontrada y las que sí estallaron.
La mochila de Vallecas contenía 640 gramos de tornillos y clavos que debían servir de metralla. Sin embargo, las autopsias revelaron que ninguna de las víctimas había sido alcanzada por proyectiles metálicos [7]. Y, según los policías que las manipularon, las dos bombas desactivadas en la mañana del 11 de marzo tampoco contenían ese tipo de proyectiles. ¿Qué motivó a los terroristas a poner metralla en una sola bomba? Y, finalmente, las circunstancias del hallazgo de la mochila de Vallecas son confusas.
Durante el juicio, los especialistas en explosivos explicaron que ellos habían registrado 4 veces todos los objetos abandonados en los vagones y certificaron que era imposible que la bomba encontrada estuviese entre ellos [8]. Su origen resulta más dudoso todavía debido a que los objetos abandonados entre los que fue encontrada aquella bomba fueron transportados 3 veces a lo largo de la jornada del 11 de marzo, no siempre bajo la mejor vigilancia [9] y acabaron en la comisaría de Vallecas, contrariamente a lo que había ordenado el juez.
Si se agrega a esto los testimonios contradictorios sobre el momento en que fue descubierta [10], el hecho que no se menciona la bomba en los inventarios de objetos abandonados [11]] y el hecho que no hay fotos de la bomba anteriores al momento en que fue desmantelada, la inconsistencia de dicha prueba resulta evidente. A pesar de lo anterior, el tribunal la utilizó como elemento clave al rendir su veredicto.
La investigación a través de la red de comercialización de teléfonos concluyó que la tarjeta SIM encontrada en la mochila de Vallecas había estado en venta en el establecimiento de Zougam. ¿En qué se basa la investigación para llegar a esa conclusión? Antes de su venta al consumidor en un establecimiento, las tarjetas SIM pasan generalmente por las manos de 3 o 4 intermediarios. Pero sólo los primeros intermediarios mencionan en sus facturas el número de identificación de cada tarjeta SIM vendida. Los siguientes sólo anotan la cantidad total de tarjetas SIM.
En este caso, no existe una factura que pruebe que la tarjeta SIM incriminada fue vendida a Zougam [12]. Lo único que permite llegar a esa conclusión es el testimonio de su proveedor, que dice recordar específicamente la venta de esa tarjeta SIM entre cientos de otras tarjetas. Aceptemos, sin embargo, ese elemento como prueba suficiente y sigamos examinando el curso de la investigación.
El hecho de haber vendido una tarjeta SIM no hace al vendedor responsable del posible uso delictivo que el comprador pueda darle a dicha tarjeta. Pero Zougam había aparecido como testigo en una investigación anterior sobre terroristas islamistas. Al parecer fue ése el único argumento que motivó su arresto el 13 de marzo, ya que ningún testigo lo había descrito ni lo había identificado antes de aquella fecha. Un reanálisis del comportamiento de Zougam hasta el momento de su arresto permite comprobar que al parecer cometió una serie de imprudencias realmente increíbles. Primeramente, utilizó una tarjeta SIM en venta en su propio establecimiento para confeccionar la bomba de Vallecas.
En segundo lugar, dejó esa tarjeta SIM en el teléfono a pesar de que ésta no era necesaria para el uso de la función de despertador. Y, en tercer lugar, prosiguió su actividad normal hasta el día de su arresto, en la tarde del 13 de marzo, a pesar de que toda España sabía desde el 12 de marzo por la mañana que la policía había desmantelado una de las bombas. A partir de aquel momento, Zougam tenía que saber que los investigadores tenían en su poder una tarjeta SIM que los conduciría hasta él. Pero no trató de esconderse ni huir. La incoherencia de ese comportamiento lleva a dudar de su culpabilidad.
Los medios dan amplia difusión a los arrestos del 13 de marzo y a las fotos de los sospechosos. Pasajeros de los trenes atacados se presentan espontáneamente para prestar testimonio sobre los sospechosos vistos en los trenes el 11 de marzo. Algunos de esos testimonios implican a Zougam y constituyen la única prueba de su implicación en el atentado. También se trata en este caso de una prueba increíblemente inconsistente, en relación con la gravedad de los hechos.
El primer problema reside en la difusión de la foto de Zougam a través de los medios, hecho que impide que los testimonios cumplan una regla fundamental: el recuerdo no debe estar influenciado por otras imágenes vistas después de los hechos. Por otro lado, algunos testimonios no concuerdan en cuanto al recorrido que supuestamente hizo Zougam en los trenes, se contradicen en lo tocante a su descripción, a cómo estaba vestido o afirman que depositó un bolso en un lugar donde no explotó ninguna bomba [13].
Finalmente el veredicto de octubre de 2007 sólo tiene en cuenta 3 testimonios que incriminan a Zougam [14]. En el juicio de apelación, en julio de 2008, la corte invalida uno de esos 3 testimonios ya que el testigo había prestado su declaración ante el juez de instrucción en vez de hacerlo ante el tribunal, al que ni siquiera fue convocado, lo cual impidió que la defensa de Zougam pudiera interrogarlo a pesar de las dudas existentes sobre su declaración. Por ejemplo, según ese testigo el sospechoso se bajó del tren, saliendo al andén, y después volvió al mismo vagón pasando por la puerta que comunicaba con el otro vagón, comportamiento extrañamente indiscreto tratándose de alguien que está poniendo bombas. Sólo quedan, por lo tanto, dos testimonios que acusan a Zougam y los dos provienen de dos amigas rumanas que viajaban juntas. La primera se presentó como testigo tres semanas después del atentado.
En aquel momento su descripción del sospechoso es muy somera: un individuo de 1 metro 80 de estatura, de complexión física media, que llevaba un bolso. Sin más detalles. Pero esa misma descripción se va precisando días después, cuando la policía le muestra una serie de fotos entre las que ella reconoce a Zougam: cabello hasta los hombros, nariz más bien gruesa, barba de chivo, labio inferior más grueso que el superior, etc. Es lícito preguntarse entonces si lo que está describiendo esta testigo no es más bien lo que ve en la foto en vez de lo que recuerda. También van cambiando sus declaraciones sobre otros detalles, como la posición del vagón en el tren. Al cabo de un año, la testigo recuerda que el sospechoso la empujó, justificando así por qué recordaba su rostro, y dice entonces por vez primera que ella misma viajaba con una amiga, que se convierte así en el segundo testigo acusatorio contra Zougam.
¿Por qué pasó todo ano sin que mencionara a la amiga que viajaba con ella? ¿Por qué esa otra testigo esperó un año antes de manifestarse? ¿Qué podía recordar aún esa nueva testigo al cabo de todo ese tiempo? ¿Puede considerarse su testimonio como independiente del de su amiga? Y es precisamente sobre la base de esos dos dudosos testimonios que se pronuncia la única condena por la ejecución material del atentado del 11 de marzo. Por su parte, Zougam negó siempre toda implicación en el atentado.
Todas las demás personas que supuestamente pusieron bombas perecieron el 3 de abril en la explosión del apartamento de Leganés, tres semanas después del atentado. Una importante consecuencia de la muerte de esas personas es que la investigación no reconstruyó el papel exacto de cada una de esas personas en la realización del atentado, concentrando entonces la atención en los inculpados. La justicia reconoce en su veredicto que se ignora cuáles de entre esas 7 personas se dedicaron a poner las bombas y dónde lo hicieron [15].
Lo anterior contrasta con el caso de Zougam, claramente acusado de haber puesto las bombas en el tren que explotó en la estación Santa Eugenia. Después de haber visto el trabajo que costó mantener el expediente de la acusación contra Zougam, se puede pensar que la ausencia de información [sobre las personas muertas en Leganés] resultó paradójicamente beneficiosa para los encargados de demostrar la culpabilidad de esos 7 sospechosos ya que evitó toda confrontación con la realidad. La investigación se enfocó entonces en demostrar que la muerte de aquellas personas en el apartamento de Leganés fue un suicidio, suicidio que fue utilizado como prueba del fanatismo de los sospechosos mientras que el descubrimiento de documentos que reclamaban la autoría del atentado entre las ruinas del apartamento era interpretado como una confesión póstuma.
Las circunstancias en que se descubre aquel apartamento, en momentos en que los 7 sospechosos se encontraban allí, siguen siendo confusas. Durante mucho tiempo, la policía habló de un tiroteo callejero entre varios de sus agentes y una banda de magrebíes. El incidente supuestamente desembocó en una persecución que llevó a la banda a refugiarse en el apartamento de Leganés [16]. Pero este episodio desaparece posteriormente del discurso oficial para dar paso a otra explicación.
Según ésta, la policía pasó revista a la lista de llamadas de un teléfono sospechoso de pertenecer al comando terrorista. Al llamar a uno de los números de esa lista, la policía entró en contacto con un propietario que afirmaba haberle alquilado un apartamento en Leganés a un grupo de árabes desde hacía un mes. Esa es la versión del descubrimiento del apartamento que se menciona en el veredicto, en el que se ignora totalmente el episodio de la persecución.
La policía rodea entonces el apartamento, en la tarde del 3 de abril. Hacia las 21 horas, el GEO emprende el asalto, de forma precipitada según los miembros de esa brigada [17]. Pero antes de lograr entrar, estalla el apartamento, causando la muerte de sus 7 ocupantes y de un miembro del GEO. Debido al estado de los cadáveres, se hace necesario recurrir a las huellas digitales o al ADN durante el proceso de identificación. La investigación concluye que se trata de un suicidio colectivo, pero el carácter suicida de la explosión no está tan claramente establecido como se afirma en el veredicto.
Antes del asalto del GEO y la explosión, los vecinos habían oído disparos, gritos e incluso cánticos en árabe provenientes del apartamento. Pero nadie pudo ver claramente a los sospechosos. Y no existen huellas ni registro alguno de los impactos de bala que deberían existir en en el lugar después del intercambio de disparos [18]. El argumento decisivo para sostener la tesis del suicidio es que los sospechosos supuestamente se comunicaron por teléfono con sus familias durante el asedio para despedirse de ellas. Durante el juicio, el único familiar citado como testigo de esas llamadas fue el hermano de uno de los 7 sospechosos, Abdenabi Kounjaa.
Este testigo declaró que no pudo reconocer la voz de su hermano durante la llamada, y que pensó que no era él [19], razón por la cual avisó de inmediato a la policía y no devolvió la llamada a su hermano para convencerlo de no suicidarse. Ese testimonio pone seriamente en duda la autenticidad de las llamadas, sobre si se tiene en cuenta que ningún otro familiar fue citado al juicio como testigo.
El expediente de la instrucción contiene 3 informes sucesivos sobre esas llamadas, pero no aporta mayores aclaraciones sobre el asunto. Cada informe contradice el anterior en numerosos aspectos: los teléfonos utilizados, la identidad de algunos destinatarios de las llamadas y la cantidad de llamadas realizadas a algunos destinatarios [20]. Tantas divergencias justifican las dudas en cuanto a la confiabilidad de tales datos.
¿Realmente se suicidaron los sospechosos? ¿Qué circunstancias determinaron la presencia de estos en aquel apartamento? El 3 de abril hacía ya 4 días que los medios venían anunciando que estaban siendo buscados y que sus fotos habían sido divulgadas. En ese contexto, reunirse todos en un apartamento de las afueras de Madrid, en vez de escapar cada uno por su lado, resultaba una gran imprudencia. Y ¿por qué esperarían aquellos criminales, que acababan de cometer un crimen masivo, a que la policía evacuara toda la vecindad antes de volar el apartamento? Las incoherencias no se terminan ahí. Quien se interese en los movimientos de los sospechosos entre el atentado y el momento del suicidio se enterará, por ejemplo, de que El Chino estuvo de fiesta con la familia de su mujer 8 días después del atentado, en la misma casa donde supuestamente confeccionó las bombas. El propio perfil de la mayoría de los miembros del comando no se corresponde con el islamismo radical que supuestamente los llevó a perpetrar la masacre y, posteriormente, al suicidio. Cuatro de ellos eran delincuentes de poca monta vinculados al medio del narcotráfico, poco compatible con el islamismo.
El Chino vivía con una española “de sangre”, que se vestía con ropa ligera, y el hijo de ambos iba a una escuela católica [21]. La muerte de aquellos 7 sospechosos permitió, en todo caso, reconstituir un escenario sin entrar demasiado en los detalles, y sin que los acusados pudieran contradecirlo. Por otra parte, periodistas que han tenido acceso al expediente de instrucción [22] ponen en duda el vínculo anteriormente mencionado entre los 7 suicidas y Zougam. Según esos periodistas, no hay en los documentos que proporcionó el operador telefónico Amena nada que indique que las 7 tarjetas SIM en cuestión hayan sido puestas en funcionamiento en la casa del Chino. La defensa mencionó ese problema durante el juicio sin que los empleados de Amena invitados a declarar como expertos pudieran responder a ello [23].
El último elemento importante a favor de la tesis del atentado islamista es la furgoneta Renault Kangoo. El veredicto establece que varios miembros del comando terrorista, sin precisar quiénes [24], utilizaron esa furgoneta para llegar con sus bombas hasta la estación del metro. Por lo tanto, el tribunal no tomó en cuenta el testimonio que prestara –durante el propio juicio– el instructor canino que participó en la inspección de ese vehículo.
Efectivamente, aunque el instructor canino reconoce que es posible que se haya pasado por alto el pequeño fragmento de explosivo, ese mismo especialista declara que la manipulación de bolsos con decenas de kilogramos de explosivos tendría que haber dejado un rastro de olor dentro del vehículo, rastro que su perro habría detectado [25]. Por otro lado, el conserje que llamó la atención de la policía hacia la furgoneta Kangoo declara que le pareció que los individuos eran europeos del este, y la empleada de la estación del metro que le vendió un billete a uno de los individuos afirma que éste hablaba sin acento extranjero [26]. En este punto, resulta nuevamente sorprendente el comportamiento de los sospechosos. ¿Por qué llamar la atención dirigiéndose a la vendedora con el rostro casi enmascarado en vez de comprar el billete en un expendedor automático? ¿Por qué correr riesgos utilizando un vehículo robado sin cambiarle las placas? ¿Y por qué abandonaron los terroristas ese vehículo, sobre todo dejando en él detonadores, explosivos y ropa? Según el acta de inculpación esa ropa contenía muestras del ADN de los sospechosos, pero el veredicto no tuvo esa prueba en cuenta.
Tantos aspectos no aclarados en las pruebas que la sostienen, hacen que la tesis del atentado islamista pierda toda credibilidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que este artículo no los menciona todos. En su libro Les Dessous du Terrorisme [27], Gerhard Wisnewski demuestra por ejemplo la incoherencia de los diferentes reclamos islamistas de autoría del atentado. Al aceptar la tesis de la culpabilidad islamista, la justicia española estima de forma sorprendente que esas contradicciones no eran significativas.
La sombra la policía
¿Existen otros elementos que permitan confirmar la tesis del atentado islamista u orientar la investigación en otra dirección? El problema es que los elementos fundamentales de la investigación han sido objeto de negligencias que resultan cuando menos inquietantes. Primeramente, los vagones donde explotaron las bombas fueron destruidos sólo dos días después del atentado [28].
¿Qué necesidad había de deshacerse tan rápidamente de la «escena del crimen»? En 2006, un tren del metro que había sufrido un accidente en Valencia fue conservado 2 años debido a las necesidades de la investigación. La justicia reconoce en su veredicto que muchas dudas hubieran encontrado respuesta si los vagones se hubiesen conservado por más tiempo [29].
La más importante de esas dudas tiene que ver con la naturaleza del explosivo utilizado. El análisis de las sustancias químicas que se depositaron sobre los objetos que se encontraban cerca de las explosiones hubiera aportado la información fundamental de la investigación. Sin embargo, no se sabe aún con precisión qué fue lo que explotó en los trenes, como se reconoce en el veredicto [30]. Veamos por qué no fue posible determinar el tipo de explosivo utilizado. La primera negligencia está en la selección del servicio que realizó el análisis de las muestras. La responsabilidad de ese análisis fue puesta en manos de los especialistas en desactivación de bombas, cuyos laboratorios disponen solamente de medios rudimentarios para el análisis de sustancias explosivas. Según el procedimiento habitual es la policía científica la que hubiese tenido que garantizar esos análisis, precisamente porque dispone de medios mucho más avanzados.
Los resultados del análisis pericial son también muy imprecisos. El informe entregado al juez de instrucción señala la presencia de «componentes genéricos de dinamita» en las muestras. Pero no determina el tipo de dinamita, ¿Titadyne, Goma 2 Eco, Goma 2 EC? Más sorprendente aún, ni siquiera incluye la lista de los componentes químicos encontrados. Ante tanta imprecisión, el tribunal acabó ordenando un nuevo análisis pericial en el momento de la apertura del proceso, en 2007. Desgraciadamente, en el nuevo análisis pericial hubo que utilizar las muestras ya analizadas, al no poder recogerse nuevas muestras debido a la destrucción de los trenes, anteriormente mencionada. Los expertos se quejaron de la poca cantidad de muestras que había conservado la policía y de las graves negligencias que contaminaron aquellas muestras en el transcurso de los análisis anteriores [31]. Finalmente, sus conclusiones no arrojan más luz sobre el tipo de explosivo utilizado ya que en ellas aparece una lista de productos que no corresponde a ningún compuesto de dinamita [32]. Al final de todo ese proceso, se esperaba con especial interés el testimonio de la directora del laboratorio de los especialistas en desmantelamiento de bombas para que contestara a las preguntas sobre el trabajo que había entregado en marzo de 2004. Pero declaró que ella no disponía de los soportes de cromatografía en los que aparecen los elementos químicos [33], ni siquiera disponía de los documentos donde los había anotado durante la realización de su análisis [34]. Provocó sin embargo la sorpresa del tribunal al citar por vez primera el listado preciso de los compuestos químicos hallados explicando que nunca había entregado aquel listado porque nadie se lo había explícitamente [35].
La imprecisión del informe sobre el análisis había dado lugar a una polémica tan grande en toda España durante los 3 años transcurridos entre el atentado y el testimonio de la directora del laboratorio que su explicación es grotesca. ¿Qué crédito puede concederse a esa lista, mencionada únicamente al cabo de 3 años y que corresponde a la composición de la dinamita del tipo Goma 2 Eco?
Sobre la cuestión del explosivo, hay que agregar las dudas que provocó la declaración del jefe de los especialistas en desmantelamiento de bombas que supervisó las operaciones el 11 de marzo. Al ver los daños que habían provocado las bombas, este jefe de especialistas declaró que el visible desgarramiento de las estructuras de los vagones era característico de explosivos de alto poder, de tipo militar, y no de dinamita [36].
Hay que recordar que ciertos explosivos militares no dejan rastros químicos en el lugar de la explosión, lo cual los hace muy difíciles de detectar. Otra fuente de duda es el emplazamiento de las bombas reconstituido en el acta de inculpación [37]. Según ese documento, la mayoría de los bolsos –que contenían 10 kilogramos de explosivo– no estaban escondidos sino que, por ejemplo, habían sido dejados entre dos asientos situados frente a frente cerca de la ventanilla, o en el portaequipaje, o al lado del cesto de basura, o debajo de un asiento plegable (que debería estar cerrado). Sólo una bomba estaba escondida debajo de un asiento no plegable.
¿Por qué los terroristas no trataron de esconder mejor los bolsos? ¿Y cómo es posible que bolsos tan pesados, abandonados en lugares tan visibles, no llamaran la atención de los pasajeros? Para dar respuesta a esas preguntas varios periodistas emitieron la hipótesis de que las bombas fueran de mucho menor tamaño confeccionadas no con dinamita sino con explosivos de alto poder [38]. La dinamita del tipo Goma 2 Eco encontrada en la furgoneta Kangoo, en la mochila de Vallecas y en el apartamento de Leganés no prueba que ese mismo explosivo fuese utilizado para hacer estrellar los trenes. Las sospechas que pesan sobre esas pruebas hacen pensar que se trataba de elementos destinados a desviar la atención de la escena del crimen, o sea de los trenes. Un último ejemplo de negligencia: las grabaciones de las conversaciones entre las patrullas de la policía hubieran permitido aclarar el asunto de la persecución que supuestamente tuvo lugar en Leganés. Pero cuando el juez de instrucción pidió esas grabaciones, la policía respondió que no habían sido conservadas [39].
Más grave que las negligencias es la existencia de fuertes sospechas de falsificación de diferentes elementos de la investigación. Ya mencionamos la mochila de Vallecas, la furgoneta Kangoo y las llamadas telefónicas de adiós de los suicidados de Leganés. Pero existen otros elementos cuya falsificación es tan evidente que el veredicto ni siquiera los tuvo en cuenta, como por ejemplo las conversaciones telefónicas de Rabei Osman, un egipcio que residía en Italia. La policía italiana grabó y tradujo sus conversaciones en 2004, y en una de ellas este individuo supuestamente se atribuía la organización del atentado.
Durante el juicio, nuevas traducidas solicitadas por la defensa mostraron que las frases en las que Osman se atribuía el atentado fueron simplemente inventadas por los traductores italianos [40].
La justicia española se vio por lo tanto obligada a absolverlo de todo vínculo con el atentado, cuando este hombre había sido presentado como el cerebro del grupo islamista. En el veredicto no se designa por lo tanto el organizador del atentado, lo cual provocó la indignación de las asociaciones de víctimas, que presentaron una apelación.
Pero la más notoria falsificación de la investigación es un vehículo Skoda Fabia que la policía encontró cerca de la estación del metro de Alcalá, a 20 metros del lugar donde se encontraba la furgoneta Kangoo. Ese descubrimiento se produjo el 13 de junio de 2004, o sea 3 meses después del atentado. Este segundo vehículo permite reforzar la tesis de que los 7 u 8 terroristas llegaron a Alcalá en auto y también presenta rastros del ADN de uno de los muertos de Leganés. Sin embargo, numerosos observadores dudan que un vehículo estacionado tan cerca de la furgoneta Kangoo haya podido pasar inadvertido durante 3 meses, más aún teniendo en cuenta que su número de inmatriculación ni siquiera figura en los registros recogidos el 11 de marzo.
Esa prueba se mantiene por lo tanto en el limbo hasta junio de 2005, cuando la policía entrega al juez de instrucción el testimonio de un preso chileno. Este individuo dice haber robado el Skoda y haberlo vendido posteriormente a uno de los muertos de Leganés, en octubre de 2003. Pero esta prueba se ve desacreditada nuevamente en marzo de 2006, cuando un periodista del diario El Mundo da a conocer el testimonio de un vigilante de un barrio de Madrid donde el Skoda fue abandonado en noviembre de 2003. Según este nuevo testigo, el vehículo estuvo durante 3 semanas en estacionamiento indebido y recibió numerosas contravenciones, hasta que desapareció.
Al verificar ese testimonio a través de los registros de contravenciones, se pudo comprobar que aquel vehículo estaba implicado en varios delitos, como robos callejeros. Esos delitos habían sido cometidos entre septiembre y octubre de 2003, periodo durante el cual se suponía que estaba en posesión del chileno. Pero hasta entonces la policía, al igual que el chileno, había ocultado totalmente aquellos hechos al juez de instrucción. Cuando quiso interrogar nuevamente al preso sudamericano, el juez se enteró de que éste había sido extraditado a Chile sin que nadie se lo comunicara. A todas estas contradicciones hay que agregar la incoherencia del comportamiento de los terroristas. Para ir a cometer uno de los peores atentados que nunca se hayan visto en Europa no se les ocurrió nada mejor que utilizar un auto robado, implicado en toda una serie de delitos, que había permanecido abandonado en la calle durante un tiempo, que tenía varias contravenciones, y ni siquiera se les ocurrió cambiarle las placas de inmatriculación.
El tribunal no tuvo por lo tanto más remedio que descartar el Skoda de la lista de elementos de prueba del veredicto [41]. Por otra parte, el ADN encontrado en aquella prueba probablemente falsificada hace surgir dudas en cuanto a los rastros de ADN encontrados en la ropa tan «oportunamente» abandonada por los sospechosos en este caso.
Citemos, para terminar, algunos ejemplos de sospechas de falsificación de testimonios. Emilio Trashorras afirmó que la policía le había pedido que inventara el episodio según el cual fue él quien proporcionó los explosivos al Chino [42]. Este testigo pensaba que gozaría de la condición de testigo protegido y que no tendría más problemas con la justicia.
Por su parte, el testigo Hassan Serroukh declaró ante el juez de instrucción que su declaración ante la policía había sido falsificada. Aquel testimonio describía a Zougam como un fanático religioso, cosa que Serroukh dice no haber mencionado nunca [43].
Negligencias, sospechas de falsificación, son numerosas las actuaciones sospechosas de parte de elementos policiales que aparecen en la investigación posterior al atentado. Pero las sospechas se acentúan todavía más al examinar la preparación del atentado presentada en el veredicto. Dos actores claves del atentado son confidentes de las fuerzas de seguridad [44]. El primero, Zouhier, puso al comando terrorista en contacto con un traficante de explosivos. La investigación reveló que la Guardia Civil, que controlaba a este confidente, lo llamó los dos días antes del atentado.
El segundo, Trashorras, es nada menos que el propio traficante de explosivos. Este sostuvo varias conversaciones telefónicas con su contacto en la policía el día antes, el día después y dos días después de haber puesto los explosivos en manos del Chino. Pero el policía asegura que Trashorras no le dijo nada de aquello. Por otro lado, los teléfonos móviles utilizados en la confección de las bombas fueron desbloqueados en un establecimiento perteneciente a un policía de origen sirio, Maussili Kalaji [45].
¡Qué coincidencia que todos estos colaboradores de los terroristas hayan estado vinculados a la policía! Y sobre todo, qué «suerte» que ninguno de ellos los denunciara antes de que cometieran el crimen. Al parecer, los terroristas también tuvieron suerte en lo tocante a la vigilancia de que eran objeto por parte de la policía. Según consta en documentos policiales, desde enero del año 2003 la policía venía vigilando estrechamente un grupo islamista del que formaban parte varios de los terroristas que morirían en Leganés.
En suma, aquel grupo estuvo bajo seguimiento durante 81 jornadas regularmente distribuidas entre enero de 2003 y febrero de 2004. Esa vigilancia parece haberse intensificado durante la primera quincena de febrero de 2004, pero cesa bruscamente el día 17 de febrero, o sea 11 días antes de la operación de entrega de los explosivos, y 24 días antes del atentado [46]. La misma buena suerte acompañará a los dos cómplices del comando terrorista cuyas conversaciones telefónicas estaban siendo interceptadas en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas. Las escuchas se suspenden bruscamente el 12 de marzo, el día siguiente del atentado [47]. Veamos un primer ejemplo en el que la silueta de la policía se dibuja detrás de los terroristas.
Después de la explosión del apartamento de Leganés, varios documentos sobre la ETA aparecen entre las ruinas. Se supo posteriormente que esos documentos provenían del apartamento vecino, parcialmente destruido. Aquel otro apartamento estaba ocupado por un policía que, otra coincidencia más, se dedicaba a la lucha antiterrorista [48].
Todos estos comportamientos sospechosos, antes y después del atentado, vinculados a la evidente inconsistencia de la pista islamista, hacen pensar que los verdaderos culpables se encuentran bajo la protección del aparato del Estado. Hay que resaltar, sin embargo, que únicamente una reapertura de la investigación permitirá saber si esas sospechas tienen fundamento. Al revelar testimonios que echan por tierra la versión oficial y al absolver a los presuntos organizadores, el juicio no ha hecho más que confirmar la extrema fragilidad de la tesis del atentado islamista.
En todo caso, en el contexto político, el tribunal no trató de establecer con precisión los hechos. Tenía que confirmar que las acusaciones de José María Aznar contra la ETA eran infundadas, como ya había decidido el más amplio de los jurados populares, los electores. El tribunal tenía además que confirmar que las acusaciones de los neoconservadores en contra de Al Qaeda eran también infundadas, cosa que ya había decidido el nuevo gobierno de José Luís Zapatero.
El tribunal señaló que los primeros indicios habían sido falsificados para acusar calumniosamente a la organización vasca ETA, pero no quiso ir más allá en cuanto a las manipulaciones a las que dedicaron ciertos elementos de la policía. Prefirió, de forma nada sorprendente, contentarse con la hipótesis que le era presentada y que era la única que podía restablecer la calma en la sociedad: la hipótesis de la responsabilidad islamista sin vínculo con Al Qaeda.
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