Y digamos que le dan largas a las denuncias...
Un constructor vizcaíno de 71 años ha denunciado ante la Hacienda foral que la empresa que dirigió durante décadas y que dejó en manos de sus hijos en 2005 ha evadido, al menos, 11 millones de euros al fisco. Entre la abundante documentación que ha entregado de manera paulatina en los últimos dos años a los responsables de la Inspección Tributaria, el hombre de negocios, fundador de la promotora Imbiz, aporta una supuesta contabilidad ‘b’ en la que aparecen reflejados diversos pagos que habrían escapado, en principio, al control de las autoridades.
Entre esas presuntas operaciones irregulares de dinero negro figura la entrega de 60.000 euros a un concejal de Santurtzi que abandonó la Corporación tras las elecciones de 2007. De la tesorería no declarada de la empresa, siempre según el material incorporado a la denuncia, también habrían salido 120.000 euros con destino al PSE y otros 120.000 para el PNV. Según ha podido saber ELCORREO, la Diputación trabaja actualmente en la investigación del caso. Desde marzo de 2009 –«o incluso antes», apuntan algunas fuentes– habría llevado a cabo diferentes acciones para tratar de esclarecer los manejos económicos de la compañía.
La denuncia que el empresario interpuso contra la sociedad que él mismo levantó y a la que dedicó toda su vida profesional se enmarca en el contexto de una dura disputa familiar, que ha derivado en varias querellas penales ante la Justicia. El origen del litigio se remonta a noviembre de 2005, cuando el constructor y sus descendientes firman un acuerdo para facilitar su jubilación y la cesión del grupo de empresas de su propiedad (la mayoría, dedicadas al mercado inmobiliario) a cambio de un tercio de los rendimientos de los proyectos que en ese momento se encontraban en marcha. Transcurridos un par de años, el padre comienza a sospechar que sus sucesores al frente del holding están descapitalizando las sociedades y apropiándose de grandes cantidades de dinero, incumpliendo lo pactado.
Inicia entonces una serie de pesquisas y cree descubrir, según expone al Departamento de Hacienda en su denuncia, la existencia de una ‘caja b’ y facturas falsas por valor de 11 millones de euros. En esta aparente contabilidad paralela, que ha sido igualmente aportada de forma documental a las autoridades fiscales de Vizcaya, aparece un estadillo elaborado en la primavera de 2007 en el que se da cuenta de una serie de pagos relacionados con partidos políticos. El primero se efectuaría el 1 de marzo. Como concepto figura el nombre de un edil de la localidad marinera, y la cantidad asciende a 30.000 euros. Un segundo abono por el mismo importe e igual destinatario aparece registrado un mes después.
El mismo 1 de marzo consta otra supuesta salida de efectivo. Concepto: «Partido político PNV». La suma: 120.000 euros. Otro pago con esta misma cantidad se habría producido 26 días más tarde. En este caso, el destinatario anotado es «el PSOE». Los movimientos de cuenta que el constructor pide que sean investigados se producen en el momento en que la firma inmobiliaria estaba rematando la construcción de 92 viviendas de lujo y 500 garajes en pleno centro de Santurtzi, en un solar conocido con el nombre popular de Los Bolintxes. Y encaraba también la construcción de 132 apartamentos tutelados para mayores en otra porción de esa misma parcela.
El arranque de las gestiones realizadas por el denunciante ante el fisco se remontan al 6 de febrero de 2009. Ese día deposita, en presencia de su abogado, los primeros datos contra el grupo que dejó en manos de sus hijos, objeto al parecer de una investigación fiscal rutinaria anterior. Según advierte el cabeza de familia en la última comunicación que remitió recientemente a las autoridades tributarias, los funcionarios de Hacienda no habrían hallado irregularidades porque, como sostiene el empresario, se centraron en la fiscalización del IVA, cuando, a su juicio, debían de haber prestado atención a que un buen número de facturas serían falsas. Los trabajos supuestamente cargados a Imbiz nunca habrían llegado a ser realizados.
Respuesta un año después
En abril de 2010, el constructor remite otra carta al Gobierno foral para interesarse por la marcha del caso. No obtiene respuesta. En junio, se presenta otra vez en Hacienda y reclama conocer de primera mano el estado del expediente y pone a disposición del Ejecutivo que dirige José Luis Bilbao nueva documentación. Harto de la espera, el pasado mes de enero, se pone en contacto con la firma británica contratada por la Diputación para estrechar el cerco al fraude fiscal. Le responden que, por ahora, no pueden ser de ayuda en el caso.
El pasado 4 de febrero, vuelve a la carga. Es hasta ahora su último intento por conocer si el fisco tiene interés en desentrañar la trama que denuncia. Finalmente, la semana pasada, recibe un mensaje del jefe del Servicio de Coordinación de la Inspección, Joseba Garmendia, en respuesta al escrito que había presentado hace casi un año, en abril de 2010. Le informan de que, tal y como estipula la normativa foral, «los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen un carácter reservado». Y añaden que «el órgano competente para realizar las actuaciones que pudieran proceder, acordará su archivo o la iniciación de actuaciones». En cualquier caso, le recuerdan, el resultado de las inspecciones nunca es comunicado al denunciante.
