Ya no hay dudas. Los bienes de los diputados autonómicos son, desde este martes, públicos. Y están en Internet. El Boletín Oficial de las Cortes Valencianas, accesible desde la propia página web de la institución, revela el patrimonio de todos los parlamentarios. Incluidos los del PP.
Son más de 400 páginas de formularios con cifras y patrimonio dispares donde destaca el del vicepresidente tercero del Consell. Juan Cotino acredita cerca de dos millones de euros (un total de 1.899.576,16 euros) entre acciones, empresas y cuentas bancarias.
En concreto, dispone de una cuenta corriente en Bancaja, así como obligaciones y preferentes de Bancaja y acciones de Banco de Valencia. Además, se citan cuatro sociedades (aunque no se precisa el grado de participación), SAT L'Alqueria Nº3697, Pomafer SL, Alquería Dolores S.L., Inverseco SL.
Además, es titular de una vivienda heredada en Xirivella con un valor catastral de 7.735,84 euros y de dos planes de pensiones, en Bancaja y Mapfre. Carece, en cualquier caso, de préstamos o hipotecas.
Clemente y Blasco
Menor es el patrimonio del secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, propietario de cuatro inmuebles (dos viviendas, un local comercial y un inmueble rústico, heredado) con un valor catastral de 94.603 euros. Dispone, además, de un plan de pensiones, un vehículo Jaguar XF, otro Saab 900 S y saldos bancarios. Todo ello con un valor exacto de 96.523 euros.
En el capítulo de pasivo, figuran dos préstamos hipotecarios, un préstamo personal y saldos pendientes por un total de 220.856 euros.
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, cuenta con cuatro inmuebles (con un valor catastral de 176.808 euros), varias cuentas bancarias, un Audi A4 1.9 TDI y una participación en Promociones y Ediciones Culturales SA. En total, 149.249 euros. No obstante, tiene pendientes de pago 139.023 euros correspondientes a tres préstamos personales.
Los austeros Barberá y Camps
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, carece de propiedades inmobiliarias. Eso sí, sus bienes ascienden a 295.000 euros. Tiene títulos de valores del Banco de Valencia, del Banco Santander, del BBVA, Telefónica, Iberia, ACS y Española del Zinc.
Además, acredita dos planes de pensiones en Bancaja, una imposición a plazo fijo, cuentas corrientes y un coche, un Lancia Delta, de más de 20 años. Y un préstamo personal de 12.000 euros.
También austero es el patrimonio del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Con un único piso con un valor catastral de 110.339 euros, es propietario de un Saab 900S matriculado en 1995 y un plan de pensiones en Bancaja. Además, tiene dos cuentas corrientes, una de ellas compartida con su esposa, con 1.389 euros (el 50% del total) y 905 euros, respectivamente.
Múltiples bienes
De este modo, se ha oficializado el acuerdo en pos de la transparencia alcanzado por la Cámara autonómica el pasado mes de diciembre. La iniciativa del grupo 'popular' recibió el respaldo de todos los grupos políticos. Cumplían, además, con uno de los preceptos del código ético abanderado por Mariano Rajoy.
La relación de bienes y actividades de los diputados ya estaban en posesión de las Cortes, pues cada representante está obligado a comunicarlos antes de tomar posesión de su acta al inicio de la legislatura. Aunque esta información no estaba hasta ahora al alcance de los ciudadanos.
A partir de la última modificación del Reglamento de la Cámara, las declaraciones se inscriben en un registro de intereses de carácter público que dependiente directamente de la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Su publicación en internet está garantizada.
Los grupos de la oposición, sin embargo, se han adelantado a esta propuesta. Sus bienes se publicaron en las webs de los distintos partido en un intento de sumar al PP. Siguieron este ejemplo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el entonces secretario general del PPCV Ricardo Costa en plena vorágine de Gürtel.
Ahora, la publicación de los bienes, con carácter oficial, se hace extensiva a todos los diputados, independientemente de su signo político, aunque no están obligados a actualizar la información remitida a la Cámara en 2007.