El PP recurre ante el Constitucional la Ley de Igualdad
La Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, la última aprobada en la pasada legislatura vasca, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP porque la considera contraria a la carta magna española. La ley fue aprobada el pasado mes de febrero con los votos favorables de PNV, EA EB, y del PSE-EE, la abstención de Sozialista Abertzaleak, y el voto contrario de los del PP.
El recurso del PP hace referencia a las disposiciones finales de la Ley, que obligan a que al menos un 50 por ciento de las candidaturas que se presenten a las elecciones al Parlamento vasco y a las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa estén integradas por mujeres.
Los del PP consideran que esta disposicion vulnera la competencia exclusiva del Estado para regular el acceso a cargos públicos, así como la prohibición de definir por razón de sexo o género diferentes categorías dentro de los candidatos a unas elecciones y, finalmente, la propia "esfera de libre actividad de los partidos políticos", garantizada en el artículo 6 de la Constitución.
"Ya no basta ser elector español mayor de edad y sin restricciones de capacidad, inscrito en el censo electoral, sino que se debe también pertenecer al sexo al que corresponda el puesto de la candidatura", señala el recurso.
El PP considera que "la protección de la mujer por sí sola no es razón suficiente para justificar la diferenciación, ni es suficiente tampoco que el sujeto beneficiario de la protección sea la mujer" y pone como ejemplo el que cada candidatura reservase un porcentaje de puestos a candidatos mayores de 65 años, jóvenes, discapacitados o similares. por inconstitucionales los artículos 5, 6, 7 y 20.4 b) de la Ley vasca, que obliga a que ambos sexos estén representados en al menos un 40 por ciento en la composición de órganos administrativos pluripersonales, jurados de selección y tribunales administrativos.
Considera esta formación que el cupo "veta la posibilidad de formar parte de estos órganos a personas en razón de su sexo, cuando lo rebasen junto a otros concurrentes de su mismo género".
El PP considera que la medida es injustificada, y argumenta que el seno de la administración vasca "es extremadamente dudoso que un determinado género parta de una situación de postergación". Califican además de "palmaria incongruencia" que unas normas que pretenden promover la igualdad tengan como efecto "la eliminación de criterios de objetividad, conocimiento, mérito y capacidad en el seno de esos órganos".