Cataluña sería la más afectada y se podrían perder 111.000 millones de euros, según la patronal
Madrid- La Comisión Europea prepara la puesta en marcha del sistema Reach, que se encargará de registrar, evaluar y autorizar la comercialización de los 30.000 productos químicos que existen en la actualidad. Esta nueva legislación obligará a las 3.700 empresas químicas que existen en España a tramitar un volumen ingente de documentación y a realizar un gran número de ensayos sobre dichos productos, pese a la carencia de laboratorios homologados. Por este motivo, desde la patronal se advierte de la pérdida de competitividad, ya que sólo las empresas europeas tendrán que cumplir con este requisito.
La Federación Empresarial de la Industria Química Española calcula que la puesta en marcha de esta nueva política de productos químicos podría suponer la destrucción de casi 280.000 empleos en nuestro país, más de la mitad de los puestos de trabajo del sector y explican que afectará principalmente a las pymes, que tendrán que soportar el 80 por ciento de los costes del Reach. Asimismo, Feique calcula que en el caso español, con un PIB de 693.925 millones de euros, supondría una pérdida de 11.100 millones de euros anuales durante 10 años y que la zona más afectada será Cataluña, donde se genera el 48 por ciento de la producción química española.
La nueva política de productos químicos persigue la creación de una estrategia que permita una gestión factible y más eficiente de los productos. La propuesta del Reach exige que la industria registre todas las sustancias existentes y nuevas en el futuro en una nueva Agencia Europea de Productos Químicos. Las 30.000 sustancias existentes tendrían un plazo de 11 años para registrarse, durante el llamado período transitorio. Pero lo cierto es que con la actual legislación, según los datos de Feique, se ha logrado la clasificación y etiquetado de 7.000 sustancias en 30 años, la notificación de 3.700 sustancias en 20 años y el registro de tan sólo 80 sustancias en 10 años, lo que aleja considerablemente el objetivo marcado por la Unión Europea.
Para la patronal del sector, la Comisión Europea debería asumir un calendario más realista , ya que según los estudios de la Universidad de Oxford con el actual sistema no se finalizaría el registro hasta el año 2048. Feique pide también que se gestionen los ensayos por el riesgo de las sustancias y no por el volumen para identificar en primer lugar todas aquellas que sean susceptibles de afectar a la salud humana o al medio ambiente. La Agencia Europea de Productos Químicos debería asumir la responsabilidad de la toma de decisiones para evitar distorsiones en el mercado interior y para agilizar los trámites. Feique pide que no se añadan nuevas sustancias «extremadamente preocupantes» salvo que existan criterios científicos fundados. La patronal considera sencillo controlar la importación de productos químicos cuando la compra se hace como tal, pero llama la atención sobre la importación de mercancías acabadas que incluyen dichos productos materiales. El 30 por ciento de un vehículo está formado por este tipo de productos. Asimismo, Feique considera que la posibilidad de conceder autorizaciones temporales está fuera de toda lógica ya que nadie tendrá interés en fabricar un producto cuya autorización luego sea suspendida.
El Reach, al igual que el Protocolo de Kioto, supondrá un coste para las empresas que no se aplicará a otras compañías.
La consultora Arthur D. Little realizó un estudio sobre las consecuencias de esta política para Alemania y considera que supondría una pérdida del 2,4 al 4,1 por ciento del PIB, además de la pérdida de entre 900.000 y 1,5 millones de puestos de trabajo, así como la destrucción de entre el 7,7 por ciento y el 13,1 por ciento de la producción industrial.
La Razón 