¿Tenemos la televisión que nos merecemos?

Cuando se habla del problema de la televisión en España, la eterna pregunta es si tenemos la televisión que nos dan, o nos dan la televisión que pedimos. Ese momento de buscar responsabilidades por la pésima calidad de contenidos que emiten las cadenas día tras día.

En los últimos años, parece que el único objetivo perseguido por las cadenas de televisión es el de lograr los mayores índices de audiencia posibles, sin importar los medios utilizados para llegar a este fin. En esta interminable lucha entre cadenas por conseguir el liderazgo, se han sobrepasado los límites de la ética y, cómo no, cualquier tipo de responsabilidad social brilla por su ausencia.

Las motivaciones económicas no dejan lugar a dudas: las empresas de comunicación reciben sus mayores ingresos de la publicidad, y las tarifas de esos espacios publicitarios dependen directamente de los niveles de audiencia que se recojan en esa franja horaria o en esa programación concreta.
Y para conseguir el máximo beneficio económico parece que la televisión puede recurrir a casi cualquier tipo de morbo y sensacionalismo sin ningún tipo de regulación o consecuencia, debido a que todo obedece a la explicación de dar a la gente lo que quiere.

Sin embargo, hay que poner en duda que la audiencia verdaderamente quiera lo que se nos dice que quiere, y para ello, cuestionar si el público puede elegir libremente.

¿Es que si realmente hubiera una pluralidad y una variedad de contenidos en la parrilla televisiva, seguiríamos viendo los mismos programas?
Frente a una oferta tan lineal, el único poder que verdaderamente tiene el espectador es el de apagar la televisión, ya que cambiando de canal lo único que nos encontramos son los mismos contenidos en distintos formatos y con distintos nombres.

En el debate, me ha llamado la atención un símil que, a mi parecer, es bastante apropiado: la comparación de las televisiones privadas con los hospitales y clínicas privadas, en los que prima la responsabilidad médica sobre el afán de lucro.
El problema es que, en una democracia donde uno de los derechos fundamentales es el de la libertad de expresión, no se sabe hasta qué punto se pueden regular los contenidos de los medios de comunicación, y, sobre todo, quién debería regularlos, ya que existe una línea muy fina entre la defensa del espectador o consumidor y la censura.