Telemadrid entra en quiebra técnica

El ente pide dinero a Aguirre para pagar a proveedores y abonar nóminas de julio y agosto
Necesita con urgencia 88 millones de euros y los bancos le niegan financiación directa



Las dificultades económicas por la que atraviesan las cadenas autonómicas de televisión se ceban en Telemadrid. Las entidades financieras le han cerrado el grifo y el ente público no puede hacer frente a los vencimientos inmediatos de los créditos. Necesita con urgencia 88 millones de euros. Y no los tiene. La solución ideada por la compañía que dirige José Antonio Sánchez pasa por solicitar fondos a la Comunidad de Madrid. Una llamada de socorro a la presidenta Esperanza Aguirre para poder abonar las nóminas de los trabajadores correspondientes a los meses de julio y agosto, pagar a proveedores y amortizar créditos.

Esta ausencia de fondos deja a Telemadrid en situación de quiebra técnica, como denuncia la oposición socialista. Sus representantes en el Consejo de Administración rechazaron avalar la operación de emergencia presentada a este organismo el pasado martes y censuraron la gestión del equipo directivo.

Las principales entidades financieras españolas han manifestado su negativa a financiar de forma directa a Telemadrid, que propone recibir una inyección de capital de manera indirecta: que los bancos den dinero a la Comunidad y que esta se lo rebote a Telemadrid. “Se trataría de un cambio en la fuente de financiación”, argumenta la cadena, que ha visto cómo se le han cerrado a cal y canto las puertas de los mercados.

De los 88 millones de euros que necesita con premura, 34 corresponden a un crédito concedido por el alemán LandsBank, de Baviera, que ha recibido instrucciones de su central de amortizar todas las operaciones al vencimiento, según los datos que la compañía ofreció al Consejo de Administración. Y el vencimiento lleva fecha del 30 de julio.

Además, Bankia le reclama 3,6 millones; Banesto, 12 y Bankinter, seis. De momento, solo esta última entidad está dispuesta a renovar el crédito. En total, para atender las reclamaciones de los bancos, Telemadrid necesita de manera inmediata 50 millones, a los que se unen los 37 millones de endeudamiento previstos este año en su presupuesto.

La llamada de auxilio de Telemadrid es alta y clara. Sus directivos admiten que después de varias reuniones con las principales entidades financieras —en algunas de la cuales participaron miembros del Gobierno de Aguirre— estas han hecho saber su negativa a financiar de forma directa a Telemadrid. El ente asegura, sin embargo, que los bancos sí están dispuestos a llevar a cabo una operación de financiación directa a la Comunidad para que “posteriormente, sea esta la que aporte a Telemadrid los fondos”.

Para llevar a cabo este cambio de financiación, los gestores de la compañía han solicitado autorización al Consejo de Administración, organismo en el que el PP goza de una aplastante mayoría. “Nosotros no podemos avalar una operación que es fruto de una mala gestión, que hemos denunciado, en la que no hemos podido participar nada más que con sugerencias no atendidas nunca”, es la respuesta que ha dado el portavoz de los consejeros socialistas, Eduardo Sotillos. Su propuesta “formal” es que la comunidad garantice el pago de las nóminas de los trabajadores y desembolse los 20 millones de euros que corresponden al segundo trimestre del contrato-programa (la subvención pública).

Ahora la cantidad que pide a la comunidad es cuatro veces mayor. La televisión regional necesita 88 millones de euros, de los que 37,9 corresponden a la deuda aprobada en el presupuesto del actual ejercicio y 50,1 a la refinanciación de operaciones anteriores. Sus directivos dejan en manos de la dirección general de Política Financiera la elaboración de un calendario para formalizar los pagos.

Y, a ser posible, cuanto antes. Telemadrid admite que para julio y agosto necesita 64,8 millones, entre los que se incluyen 15,4 para el pago de proveedores y acreedores, 4,9 para abonar las nóminas de los más de 1.000 trabajadores que actualmente componen la plantilla de Radiotelevisión Madrid, y 5,5 millones para cubrir seguros sociales e impuestos. El ente confía en que la Comunidad le abone “en los próximos días” los 19,9 millones de euros del contrato programa del segundo trimestre. De manera que es necesario que realice un desembolso adicional de 44,9 millones en estos dos meses. Sin esta inyección de liquidez, Telemadrid se colocaría al borde del precipicio.

Los socialistas ven en este plan un proyecto para “sanear la compañía, endosar la deuda a la comunidad, preparar un expediente de regulación de empleo como el de la radiotelevisión valenciana y luego venderla al mejor postor”, asegura el consejero Sotillos, que planteó como única salida la dimisión de Sánchez y de todo el equipo directivo. “Sería una forma de delimitar responsabilidades y no contribuir a la teoría de que son los trabajadores los causantes de la crisis, como se repite machaconamente”, dijo durante la sesión del Consejo.

Para conocer con profundidad el estado económico de la televisión autonómica, los socialistas han pedido una auditoría de gestión que haga frente a la “opacidad” de las cuentas. La deuda acumulada supera ya los 240 millones de euros. Para este año, los gastos (principalmente destinados a personal y adquisición de contenidos) ascienden a 131 millones. La comunidad aporta 78,9 millones y los ingresos publicitarios previstos rondan los 30 millones, aunque el desplome del sector puede suponer una notable rebaja en la recaudación. Para cuadrar las cuentas, el presupuesto de este año contempla un endeudamiento de 37 millones.

El recurso a la deuda, precisamente, está prohibido en la reforma de la ley audiovisual que ayer se debatió en el Senado. El portavoz del PP, Alejandro Muñoz-Alonso, fue tajante al defender la posibilidad de que las televisiones públicas regionales se puedan privatizar: “No podemos prolongar el despilfarro de los fondos públicos que suponen las autonómicas”, dijo el senador. El senador recordó que en 2010, las 12 televisiones regionales (todas salvo la extremeña y muchas de ellas gestionadas por el PP) costaron 1.750 millones de euros, de los que el 80% procedían de los impuestos. La oposición, sin embargo, ve en esta “contrarreforma” una vía para romper el modelo público, que garantiza el pluralismo, la independencia y la neutralidad.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/18/ ... 89092.html