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El Gobierno aprueba el anteproyecto de la norma que permitirá atender de forma progresiva a un millón de discapacitados y mayores hasta 2015
"Devolver la dignidad" a las personas dependientes y la "tranquilidad" a sus familiares para que no haya "ningún mayor solo y ninguna persona con discapacidad sola", así resumió la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el objetivo del anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que, según afirmó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, consolida un nuevo derecho universal con prestaciones iguales en todo el territorio y la participación de todas las administraciones. El coste del sistema, que se pondrá en marcha en un periodo de ocho años y que podría generar hasta 300.000 empleos, se situará en el 1 por ciento del PIB.
El Nuevo Sistema de Atención a la Dependencia, que entrará en vigor en 2007, permitirá atender progresivamente a los 1.125.000 e personas en situación de dependencia, 200.000 de ellas en su primer año de funcionamiento y será financiado tanto con aportaciones públicas como con las de los beneficiarios del sistema, en función de su capacidad económica y patrimonio.
Fernández De la Vega recordó que en España existen en la actualidad más de un millón de personas en situación de dependencia, el 80 por ciento con más de 65 años, en su mayoría incapaces de pagar la oferta privada de atención, y en muchos casos, cuidados por sus familiares, en más de un 80 por ciento de los casos por mujeres.
Con la futura ley se pretende que la atención a las personas dependientes se consolide como un derecho universal, como el derecho a la atención sanitaria o a la educación, "en igualdad de condiciones, vivan donde vivan", afirmó Caldera, quien se mostró confiado en que el sistema contará con un amplio consenso parlamentario.
El sistema ofrecerá tres niveles diferentes de prestación: la prioridad será la prestación de servicios (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales, etcétera), a través de la red de centros públicos o concertados. Sólo si no es posible ofrecer estos servicios, se dará a los beneficiarios una prestación económica para que pueda contratarlos en el mercado privado, en una cuantía que se determinará en función de su grado de dependencia y que deberá destinarse a ese fin. La tercera vía supone el establecimiento de una prestación económica a los familiares que se dediquen al cuidado de la persona dependiente, que serán dados de alta en la Seguridad Social. Además, aquellas personas que opten por contratar un seguro privado de dependencia obtendrán beneficios fiscales.
La puesta en marcha de estos servicios permitirá mejorar de forma significativa el nivel de atención de los mayores frente a la situación actual, en la que sólo el 3,14 por ciento de los mayores de 65 años tienen ayuda a domicilio, el 2 por ciento disfruta de servicios de teleasistencia y únicamente el 0,46 por ciento se beneficia de una plaza en un centro de día.
Con la futura ley podrán acceder al sistema los españoles mayores de tres años en situación de dependencia, que se dividirá en tres grados: moderada (cuando necesite ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día), severa (cuando la persona necesite ayuda dos o tres veces al día, pero no requiera la presencia permanente de un cuidador) y "gran dependencia" (cuando se cumplen los requisitos de la anterior, pero se necesita la presencia "indispensable y continua de otra persona"). Caldera admitió que es imposible ofrecer atención a todas las personas desde el momento de su entrada en vigor (en 2007) y señaló que el sistema no estará totalmente operativo hasta 2015. No obstante, en 2007 se garantizará la asistencia a las personas con "gran dependencia" o dependencia grado tres (unas 200.000).
En el año 2008 entrarán en el sistema 160.000 nuevos beneficiarios (de nivel 2 grado 2) y en 2009 213.000 más (las correspondientes al nivel dos grado uno). A partir de entonces, se pondrán beneficiar del sistema las 500.000 personas con dependencia moderada o grado uno.
http://www.cadenaser.com/articulo.html?d_date=&xref=20051223csrcsrnac_1&type=Tes&anchor=csrcsrpor
http://www.diariodesevilla.com/diariodesevilla/articulo.asp?idart=2248013&idcat=729&compartido=yes
Amílcar escribió:Hay que aplaudir la medida, porque hasta ahora se dejaba a cada uno a su suerte o a que la Iglesia, una ONG o tu comunidad tuviese algún servicio que les pudiese ayudar. El PP había hablado de una ley con la que quien tuviese alguien a su cargo cotizase doble o algo así (era cara a la nueva legislatura, como no llegó, pues me olvidé de ello), que tenía ventajas pero no una cobertura tan completa como dicen que tiene ésta.
Tengo ganas de coger el proyecto y leerlo para ver hasta dónde llega realmente.
Un 10 por la ley. A ver si cogen carrerilla, siguen con cosas como esta y se dejan de Leyes de censura y demás zarandajas.
Un saludo
misterluis escribió:
es lo que no entiendo, los que asesoran al PSOE en materia comunicativa son la ostia. Intentan vendernos esto como un exito ( que para mi lo es ), a la vez que sacan la polemica ley audiovisual para que todos los medios le fustiguen..
El Mundo escribió:EFE
MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que prohibirá al Estado y las Comunidades Autónomas hacer campañas de autobombo o con fines electoralistas.
La nueva ley impedirá que se promuevan campañas contrarias a otros organismos o que contengan mensajes discriminatorios y establecerá un mayor control en el uso de los fondos públicos y en el proceso de contratación.
La norma regula además la posibilidad de que cualquier ciudadano o colectivo denuncie una campaña si entiende que vulnera el espíritu de la ley, sobre lo que deberá pronunciarse una comisión interministerial en un plazo máximo de seis días.
El carácter básico de esta norma, que sólo estaba dirigida a la Administración central cuando la aprobó el Gobierno, fue el único punto de discordia entre los grupos parlamentarios.
PP y PNV enmendaron el texto en el Senado para que no fuera de aplicación para las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, pero el PSOE y el resto de grupos volvieron a imponer este criterio tras la votación celebrada este jueves en el Congreso.
El portavoz socialista, José Andrés Torres Mora, afirmó que esta medida "no invade competencias, no implica gasto de ningún tipo y no limita la autonomía de las instituciones", sino que "establece los principios elementales de un orden político común y democrático".
"No está mal que desde el Congreso enviemos una poderosa señal a todos aquellas que gastan el dinero público a raudales en hacer propaganda de sus propios logros de gestión", dijo Torres Mora.
Ningún otro grupo intervino en el debate, salvo el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, que ante la ausencia del compañero que iba a intervenir, se limitó a dar por defendida la enmienda contraria al carácter básico de la ley.
Tu lo has dicho.Amílcar escribió:Pero, lo que decimos: esto el mismo día que apoyan la ley Montilla que, lógicamente, tapa lo demás.