PSOE y PP pactan prohibir por ley el derecho de manifestación a la Guardia Civil

El Gobierno, con el apoyo del PP, prohibirá manifestarse a la Guardia Civil. Lo hará por la puerta de atrás, con una enmienda a un proyecto de ley sin relación con dicha cuestión: el de contratos del sector público en los ámbitos de Defensa y Seguridad que la Comisión de Economía y Hacienda del Senado tramita en este momento. El acuerdo pretende evitar que los tribunales “tumben” las prohibiciones de manifestación de las delegaciones del Gobierno, y se incorporará a la mencionada ley como una disposición final que aplica a los agentes de la Benemérita el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que prohíbe a los militares participar en manifestaciones de carácter político o sindical.

El proyecto de ley superó el trámite parlamentario del Congreso sin que en su articulado se recogiera ninguna referencia al derecho de manifestación. Tras su remisión a la Cámara Alta el pasado 24 de junio, los grupos parlamentarios del PSOE y del PP acordaron presentar la citada enmienda, que aplica la legislación militar a los agentes y deroga parte de un artículo de la Ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil que prohíbe a sus miembros “organizar” manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical.

Esta ley reconoció por primera vez el derecho de asociación profesional y abrió la puerta a la constitución del Consejo de la Guardia Civil como órgano de representación, aunque sin capacidad para plantear reivindicaciones laborales. Una forma de reconducir la reivindicación de que sean autorizados sindicatos corporativos como los que la Policía tiene desde hace años.

Interior prohibe y los tribunales autorizan.

El derecho a manifestarse de los miembros de la Benemérita ha sido un permanente quebradero de cabeza para el Ministerio del Interior, que ha visto revocadas sus prohibiciones por los tribunales. El último incidente tuvo lugar el 18 de septiembre del año pasado con motivo de una manifestación convocada en Madrid por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.

La Delegación del Gobierno prohibió la marcha, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró “nula de pleno derecho” la decisión al entender que vulneraba el derecho de reunión reconocido en la Constitución. El fallo supuso el reconocimiento del derecho a manifestarse de los miembros de la Benemérita para “la defensa y promoción de sus intereses profesionales”.

Días antes, el 7 de septiembre, varios centenares de agentes se habían concentrado en las proximidades del Ministerio del Interior pese a que Francisco Javier Velázquez, director general de la Policía y la Guardia Civil, había remitido a todas las unidades una circular en la que anunciaba sanciones para quienes participaran en la protesta.

El pasado mes de mayo, la AUGC y la UO anunciaron la posible celebración de una nueva manifestación en la capital en protesta por la política del Gobierno respecto al Instituto Armado. Ambas organizaciones denunciaron entonces que el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba ha abierto doscientos expedientes disciplinarios contra agentes por hacer manifestaciones públicas desde 2004.

La AUGC, que califica de “antinatural” el pacto alcanzado por PSOE y PP, dice que la prohibición de manifestarse es “una decisión estratégica” que devuelve al Cuerpo “a los tiempos de Corcuera y Barrionuevo”, y acusa a ambos partidos de echar por tierra “los avances democráticos en la Guardia Civil y la modernización de sus estructuras”.

La asociación tiene intención recurrir la ley ante los tribunales, una vez aprobada, y se pregunta si “no querrán con todo esto volver a la Guardia Civil donde podían darse escándalos como el de Roldán, o manipulaciones como las acaecidas en el frustrado golpe de Estado del 23-F”.