“Eres funcionario. ¿Te quitan la paga extra de Navidad? Ahora puedes reclamar”. Con este anuncio, el sindicato Comisiones Obreras ha movilizado a miles de trabajadores públicos de las tres administraciones que, siguiendo sus consejos, han puesto una reclamación jurídica en la que declaran “ilegal” que el Estado les suprima la paga de diciembre. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, alivió ayer un poco a sus trabajadores anunciándoles que les iba a devolver el 3,3% del sueldo que les había reducido este año. Andalucía también retiró su recorte salarial a los empleados públicos nada más conocer que el tijeretazo que el Gobierno anunció el 11 de julio se volvía a cebar con las nóminas de los empleados públicos.
Según el aviso de CCOO, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece como retribuciones básicas el sueldo, los trienios y las pagas extras. Además, avisan de que es una medida tomada después de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2012, “en los que ya estaba presupuestada la cuantía de esta paga”. Por último, han criticado que la medida se haya elaborado de forma unilateral y por la vía de la imposición, “como hasta ahora viene siendo habitual en este Gobierno”; cuando “el EBEP establece que esta materia debe ser objeto de negociación”.
El 11 de julio, el presidente del Gobierno anunció la polémica reducción del salario de los funcionarios, además de reducir el número de días de libre disposición, los llamados moscosos. Al día siguiente y durante varias jornadas consecutivas, los empleados públicos abandonaban durante unos minutos al mediodía sus puestos de trabajo y salían a la calle para protestar por los recortes. "Nosotros no hemos provocado la crisis", se quejaban en El Confidencial.
Según los cálculos del Gobierno, reteniendo la paga extra a los funcionarios, el Estado se ahorra unos 4.000 millones de euros. Los funcionarios denuncian que es un recorte de la nómina bruta anual de entre el 5% y el 75, ya que en la extra no se cobran los complementos del salario. La indignación estalló porque esta medida se suma a la rebaja media del 5% que José Luis Rodríguez Zapatero decretó en mayo de 2010. Desde entonces, los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, ya que en el caso de muchos trabajadores autonómicos, a estos ajustes hay que sumar los que han decretado sus respectivos Gobiernos.
Estudiar el decreto-ley
“Los derechos a la percepción de la paga extraordinaria de diciembre, generados entre los días 1 de junio y 14 de julio de 2012, son de obligado cumplimiento por parte de la Administración, debiendo ser abonados”, se lee en las reclamaciones que están presentando en los servicios de nóminas de las tres administraciones públicas. Pese a que todavía no hay una cifra global de reclamaciones, los sindicatos advierten de que ya son miles los trabajadores interesados en presentar su recurso para salvar su extra.
Los empleados confían en que los tribunales les dé la razón. Por su parte, los sindicatos siguen estudiando el decreto-ley para ver de qué manera pueden seguir defendiendo los derechos de los empleados públicos que creían perdidos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) convocó a mediados de julio una huelga en el sector público para el próximo mes de septiembre. Es la respuesta de los funcionarios ante las medidas aprobadas por el Gobierno, nuevos recortes que afectan directamente a los trabajadores públicos con la supresión de la paga extra de Navidad entre otras medidas.
Por el bien de todos, sean trabajadores públicos y privados, espero que vaya bien.
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