La actual tesorera del PP imputada por la trama de financiación ilegal en Valencia

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha citado como imputado a Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia, por el presunto dopaje electoral continuado de las campañas del año 2007, 2011 y 2015. Grau, responsable de estas campañas electorales, ya había comparecido por lo gastos de 2011 y ahora tendrá que responder a preguntas relacionadas con la facturación de 2007 después de que uno de sus asesores, Jesús Gordillo, entregara las pruebas que a juicio policial acreditan el desvío de dinero público al PP. Además, el juez también cita al ex concejal Eduardo Santón, responsable de las fundaciones que habrían financiado campañas de la ex alcaldesa Rita Barberá, fallecida el año pasado. Ambos declararán el día 6 de octubre.Además, el auto también cita como imputada a Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, actual tesorera del Partido Popular, quien declarará el próximo día 16 de octubre. Ese día también está citado el ex gerente provincial del PP de Valencia, José Moscardó, quien ya fue imputado por las elecciones de 2011.Así consta en una resolución judicial notificada a las partes este jueves a la que ha tenido acceso EL MUNDO. En su auto, el juez también imputa a Grau presuntos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos tras el informe elaborado por la Guardia Civil que confirmó las vías de financiación irregular del PP de Valencia ciudad. Al parecer, la malversación estaría relacionada con el dinero público de fundaciones municipales que se habría desviado para abonar facturas electorales del PP.La resolución también recoge el acuerdo que toma el juez para "oficiar a la UCO a fin de que se lleve a cabo informe complementario sobre analogías entre la operativa informada en el anterior informe con la concerniente a la empresa Trasgos en la campaña electoral de 2011, debiéndose remitir el mismo a la mayor brevedad posible". Trasgos es una sociedad que ya investiga otro juzgado en secreto por presunta corrupción relacionada con los contratos que obtuvo del Ayuntamiento de Valencia bajo el mandato del PP.Además, el juzgado insta a recabar datos de los empresarios que habrían realizado donaciones ilegales para citarlos como testigos en relación a la campaña de 2007. Esta resolución se enmarca dentro de la pieza separada de las diligencias derivadas de la Operación Taula que investiga la presunta caja B del grupo municipal y el blanqueo de hasta 50.000 euros en la campaña de 2015 por el método del pitufeo -una mecánica frecuente entre grupos de narcotraficantes-.Según el juzgado, "en el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau Alonso (por entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia), y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".Los hechos que se relatan en el informe elaborado por la Guardia Civil, explica el juzgado, podrían implicar "también la responsabilidad penal específica, por falsedad en la contabilidad, de los administradores electorales de la campaña 2007, el delito contemplado en el artículo 149 de la LOREG, que es el título de imputación por el que ya están siendo investigados en estas actuaciones otras personas, habiéndose asumido en esta instrucción la posibilidad de responsabilidad penal de los partícipes, aunque no sean autores de propia mano, conforme al criterio de accesoriedad". Este informe policial "da cuenta de que la persona que figura como administrador único designado por el Partido Popular de las candidaturas en las elecciones municipales de 2007 es Luis Bárcenas. En caso de que se considere procedente recibirle declaración, la misma, por lo dicho, deberá hacerla en calidad de testigo, y no como investigado en atención de mero transcurso de los plazos de prescripción y los efectos ope legis que de la misma se derivan", matiza la resolución.Mecánica y presupuestoLas cantidades que según la documentación examinada se habrían canalizado tanto para financiar a través de entregas de dinero a Laterne durante 2007, "significativamente dispares y desproporcionados en comparación con el nivel de ingresos de otros ejercicios, como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas, superan con mucho" el presupuesto inicial del grupo municipal.Según el juzgado, sólo en la campaña de 2007, las pruebas incautadas recogen "una relación de eventos de la campaña electoral junto con sus importes (epígrafe Coste Total Campaña por un total de 2.583.731,98 euros, y acto seguido se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como aportaciones (epígrafe Total Aportaciones, por un total de 2.683.750,00), debiéndose tener en cuenta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendía a la suma de 133.762,76 euros".En sus fundamentos jurídicos, el juez matiza que "esta resolución tiene por finalidad determinar las implicaciones y consecuencias de los anteriores hechos, los del informe UCO, en la instrucción de esta pieza". "No son por lo tanto -dice el magistrado- valoraciones definitivas y deben interpretarse como criterios que se consideran adecuados en este momento para ordenar la práctica de futuras diligencias, su sentido y oportunidad. Son valoraciones del instructor de dirección y orientación procesal, no son intangibles ni cierran las facultades de las partes intervinientes, en la acusación y la defensa, para instar posibles diligencias futuras sobre la base de otras consideraciones y premisas", concluye la resolución.