[Hilo oficial] Operación Púnica

Las grabaciones del sumario de la ‘Púnica’ revelan que el exconsejero madrileño tenía una buena amiga con la que compartía negocios y vivienda, y a la que confesó que iba a separarse de su mujer

Las transcripciones de los pinchazos telefónicos que la Guardia Civil hizo a los principales implicados en el caso 'Púnica', recogidas en el sumario judicial, revelan no solo el nivel de infiltración e influencia que la trama tenía en el poder político y en la capacidad para amañar contratos públicos, también reflejan los aspectos más íntimos y personales de los principales protagonistas. Por ejemplo, esos pinchazos sirvieron a los investigadores para poner nombre y apellidos a una mujer muy cercana a Francisco Granados, exsenador y exconsejero madrileño, y uno de los cerebros de la trama junto a su amigo el empresario David Marjaliza.

Los pinchazos dejan entrever que Granados tiene una amiga íntima, de nacionalidad brasileña, y que pudo ayudarla económicamente para montar la agencia de modelos y azafatas que la mujer dirige en Madrid, una agencia que tiene su sede en la calle Porvenir de la capital. El sumario judicial presenta a Cristiane Jucar Guimaraes Pinto como la presunta amante del otrora poderoso político madrileño. Cristiane es la administradora única de la empresa New Oe Personal Events SL. La sociedad fue constituida en abril de 2013 y según la información del registro mercantil solo tiene cuatro empleados, tres de ellos temporales. En 2013 la agencia tuvo ventas por valor de 120.000 euros

Entre los clientes de la agencia, el Atlético de Madrid (Granados es seguidor de este equipo y buen amigo de su presidente, Enrique Cerezo). A pesar de tener solo cuatro empleados, la gama de trabajos que la agencia de Cristiane ofrece en su web es amplísima: desfiles de moda, ferias, conciertos, seminarios, actos deportivos, entregas de premios, actos protocolarios, turismo, publicidad, relaciones públicas e incluso dietética y nutrición...

A pesar de que no es uno de los focos de la investigación, las grabaciones recogen varias llamadas entre Granados y Cristiane en agosto y septiembre de 2014, semanas antes de la detención del expolítico madrileño, actualmente en prisión. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que centralizó los pinchazos, no recoge muchas de las conversaciones tras catalogarlas como “temas íntimos”. Pero los agentes sí transcribieron conversaciones que la UCO reflejó por considerarlas importantes.
Abandonar a su mujer

Al parecer la pareja lleva cuatro años de relación. El 30 de agosto de 2014, Granados le indica a Cristiane que tiene intención de separarse, “que en cuanto tenga su situación un poco enderezada lo hace”. Ella responde que está cansada de la situación que tienen. Granados está casado con Nieves Alarcón, también imputada en el caso. La pareja hablan también de dinero y negocios. "Granados dice que él paga 2.000 euros del alquiler, que ya le ha dado 3.000 euros, que 1.000 euros eran para un vestido. Hablan de que el acuerdo era que él le pagaba el piso y ella pagaba a la sirvienta, que son 400 euros. Granados dice que la empresa les está costando mucho dinero, que todo lo hace como si fuera una inversión, que espera que algún día ella le pueda mantener a él”, recoge el informe de la UCO.

La empresa de la que hablan y parece que comparten es la agencia de azafatas, según fuentes solventes. Y el piso del que hablan se refiere a una casa donde ella vive y que él visitaba con frecuencia, situada en la calle Castelló de Madrid, según las mismas fuentes. Otra de las grabaciones recoge que “Cristiane dice que estuvo hablando con la mujer del responsable de Mahou en Granada, que está interesada en su agencia para un evento que próximamente va a realizar". Al parecer, entre los clientes de la agencia están dos marcas de cerveza, Mahou y San Miguel. También un centro social de Boadilla del Monte.

Las llamadas entre ambos son frecuentes. En otra grabación, la UCO también refleja que Cristiane le dice a Granados que "ella se va a ir un mes de vacaciones y él le dice que no, que ella se tiene que quedar atendiendo el negocio”. De otras conversaciones se puede deducir que Granados estuvo ayudando a Cristiane a conseguir la nacionalidad española, para lo cual pidió ayuda al comisario de Barajas, Carlos Salamanca, con quien mantiene una buena relación. Este comisario estuvo imputado por su relación con la mafia china desarticulada en la ‘Operación Emperador’, aunque finalmente su acusación quedó archivada. El Confidencial se ha puesto en contacto con Cristiane Jucar, que ha declinado hacer declaraciones.

La Guardia Civil cree que la trama desmantelada en la Operación Púnica tenía avanzadas las gestiones con el alcalde y un edil de Almendralejo para amañar un contrato público. La ramificación extremeña del caso de corrupción que ha llevado al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados a la cárcel figura en el sumario judicial -que consta de 50.000 folios- sobre el que se levantó parcialmente el secreto la semana pasada. Durante un mes y un día (del 17 de septiembre al 18 de octubre), trece agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) tuvieron 'pinchado' el teléfono de Pedro García Pérez, director comercial de Cofely, la empresa que optaba a ganar el concurso del alumbrado público de Almendralejo, valorado en 20,2 millones de euros. La convocatoria fue finalmente cancelada por el Consistorio, sin haberse adjudicado, después de que así lo aconsejara la Audiencia Nacional. Entre las personas que aparecen en las conversaciones de García Pérez -actualmente en la prisión de Aranjuez- sobre la marcha del concurso público en el municipio pacense, aparecen Pepe y Luis Alfonso (así figuran en las transcripciones literales de la UCO). O sea, José García Lobato y Luis Alfonso Merino, alcalde y primer teniente de alcalde, respectivamente. Ninguno de los dos está imputado ni citado por esta causa

El viernes 19 de septiembre de 2014, a las 18.54 horas, suena el teléfono de García Pérez. Es Didier Maurice, director general de Cofely -la empresa es una filial de la francesa Cofely DGZ Suez-. En el minuto tres de la llamada, Maurice y García mantienen la siguiente conversación:

Didier: Muy bien, ¿y con Almendralejo has visto al alcalde?
El regidor pidió el patrocinio de un vivero de empresas y de un campeonato de kárate, detalla la UCO
El sumario recoge que Evaristo Núñez-Milara actuaba al modo en que David Marjaliza lo hacía en Madrid

García: Sí, ayer, ayer estuve con Pepe.

D.: U ju (sic).

G.: Y nada, todo bien... Ya se ha abierto el sobre técnico.

D.: U ju (sic).

G.: Y bueno, pues se van a poner ahora las pilas eh... De hecho, va a externalizar la valoración técnica de la oferta con el local de allí, el que tiene la empresa Instalaciones Eléctricas y con Makeba.

D.: U ju (sic).

G.: Para que le den los informes para firmar el aparejador municipal.

Seis días después, Pedro García Pérez llama a Evaristo Núñez-Milara Sánchez, a quien la Guardia Civil señala como el 'conseguidor' de la Púnica en Almendralejo, que actuaba «al modo de David Marjaliza (también en la cárcel)», según el teniente instructor.

García: Nada, era para ver cómo iba.

Núñez: No, bien, bien, muy bien. Estuve de qué, hoy, es que ya no sé el día en que vivo, porque llegué ayer, llegué ayer de Almendralejo, me fui antes de ayer, estuve todo el día con ellos, luego estuve por la noche con... con Luis Alfonso, y luego llegó Pepe, que tuvo una reunión con el presidente.

G.: Ajá.

E.: Y bueno, todo en marcha, todos los planes como estaba previsto.

(...)

G.: Son dos ofertillas de chichinabo, joder. (Al concurso del alumbrado público en Almendralejo optaban Cofely e Imes-Api).

N.: Que no, que no, que no, que no. Y además que... Que escucha, Luis Alfonso es un... Sabe de sobra lo que tiene que hacer, te lo digo yo, te lo digo yo.

En una tercera charla, el 17 de octubre a las 18.55 horas, es el alcalde de Almendralejo quien llama a García Pérez. «Pepe le pide un patrocinio o subvención para un campeonato de kárate», anota a modo de resumen el agente de la Guardia Civil que controló la escucha refiriéndose a García Lobato. Acto seguido, se reproducen literalmente 18 segundos de conversación, que transcurre como sigue.

García Pérez: Habrá alumbramiento en breve.

Pepe [García Lobato]: Eh, yo espero que sí, ahí están con los fórceps.

G.: Joder.

P.: (Risas) Vale.

G.: (Risas) No comment, venga.

P.: (Risas) Venga.

G.: Un abrazo, Pepe.

P.: Un abrazo fuerte, Pedro, buen fin de semana.

Son solo tres llamadas entre la veintena sobre Almendralejo que aparecen a lo largo de 164 páginas. El análisis de ellas es lo que lleva al teniente de la UCO que instruyó el caso a hacer un resumen en el que apunta sin ambages a que la trama estaba operando en Extremadura. El teniente instructor define el caso de la localidad extremeña como uno de los que estaba «en un estado más avanzado de materialización».

Intervención en los pliegos

«Del contenido de las llamadas -explica el responsable de la UCO- se deduce que Cofely habría intervenido en la redacción de los pliegos del contrato (en el mismo se incluye la fórmula corregida del precio que aparece en los contratos adjudicados a Cofely en otros municipios y que desvirtúa la valoración de las ofertas presentadas a la licitación) y que han existido contactos con las autoridades municipales (José García Lobato) para discutir aspectos del contrato». «Se deduce -continúa el teniente- que existe un acuerdo para que la empresa que haga la valoración de las ofertas presentadas sea una empresa local (Electrificaciones Parra S.L.) cuyo coste sufragaría la misma Cofely». A este respecto, «Pedro García -sigue la valoración del instructor- hace ver que el dueño de dicha empresa es una persona de allí que tiene mucha confianza con el alcalde y en quien confía mucho el aparejador (que tiene que firmar el informe de valoración), por lo que Pedro García dice que así se ahorran problemas».

El resumen que el teniente hace de las conversaciones incluye una apreciación relativa a lo que el Ayuntamiento pide a Cofely a cambio de hacerle ganadora del concurso público. «Como contraprestación a la adjudicación -escribe el responsable de la UCO-, ya ha planteado el alcalde el patrocinio de un vivero de empresas que se va a inaugurar en Almendralejo y de un campeonato de kárate que según conversación telefónica del propio alcalde vendría muy bien para las siguientes elecciones de 2015».

En esta valoración, también se especifica que «la persona que en Almendralejo representa los intereses de Cofely, actuando de contacto directo con las autoridades locales (al modo de David Marjaliza) es Evaristo Núñez-Milara Sánchez, quien manifiesta en conversaciones telefónicas que tiene todo controlado para que le adjudiquen el contrato a Cofely y que el alcalde y el primer teniente de alcalde saben lo qué tienen que hacer y les tienen informados».

En base a este material y estas conclusiones, la UCO pide que se requiera al Ayuntamiento de Almendralejo toda la documentación sobre el concurso para adjudicar el servicio municipal de alumbrado y eficiencia energética. El 27 de octubre del año pasado, los agentes llegan al edificio consistorial y se llevan siete tomos de la oferta presentada por Cofely y dos de la de Imes-Api. A la mañana siguiente, José García Lobato convoca a los medios de comunicación para informar sobre la visita de la Guardia Civil al Ayuntamiento, dar la noticia de que el concurso público se paralizaba y ofrecer sus explicaciones. «Aquí, desde luego, no tenemos nada que ocultar», afirmó el alcalde. «Si hubiera cualquier indicio o cualquier cosa que hubieran detectado los agentes de la UCO -añadió-, al primero al que le hubieran pedido explicaciones sería a mí, y no sería yo quien hoy estaría aquí dando una rueda de prensa, porque tendría que estar en otro sitio dando explicaciones».

Ese mismo día, la secretaria general del PSOE de Almendralejo, Piedad Álvarez, solicitó la dimisión del regidor y aseguró que sospechaban que el concurso estaba siendo dirigido. Aseguró además que tenían constancia de que Cofely había enviado al Consistorio pliegos relacionados con el concurso antes de que este hubiera sido convocado. Álvarez echó la vista atrás para recordar que un mes y una semana antes -en concreto, el 23 de septiembre-, su partido había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del concurso, y que esa denuncia había sido admitida a trámite.

Al día siguiente, Luis Alfonso Merino, primer teniente de alcalde, afirmó que Piedad Álvarez mentía cuando dijo que Cofely había presentado pliegos del concurso antes de que este fuera convocado. Aseguró también que esos pliegos los elaboraron los servicios municipales, ayudados por una empresa local que prestó asistencia técnica, y se publicaron en la web municipal.

El mismo día que Nieto ofrecía su versión ante los periodistas, el juez Eloy Velasco pedía el ingreso en prisión de Pedro García Pérez, con el que según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, había mantenido varias conversaciones y algún encuentro en el último mes.

Los arrepentidos de la trama acusan a tres exconsejeros y a otro recién nombrado

La comisión de Cofely: "Un pago único de 300.000 y 40.000 durante tres años"

El sumario de la trama Púnica, que acaba de abrir el juez Eloy Velasco, ha salpicado hasta ahora a dos exconsejeros del Gobierno de Madrid y a otro recién nombrado (sin contar a un cuarto de la región de Murcia que presentó su dimisión al verse implicado). Además, revela cómo la Comunidad de Madrid, durante el Gobierno del expresidente Ignacio González, malversó supuestamente fondos públicos para "pagar favores" de índole personal a uno de los grandes conseguidores de la red, el experto informático Alejandro de Pedro, tal como avanzó EL PAÍS el pasado 18 de enero.

Los favores pagados, supuestamente con dinero público, consistían en que De Pedro inundase Internet de noticias positivas del presidente González y también de sus consejeros Salvador Victoria (Presidencia y Justicia) y Lucía Figar (Educación), que también dimitieron.

Las pesquisas, hechas públicas el pasado viernes para las partes, muestran que el exconsejero Victoria fue quien se encargó de abonar a De Pedro sus trabajos por relanzar la imagen de González y de él mismo. Victoria, supuestamente, dispuso de dos empresas públicas, que dependían de él como alto cargo político, para realizar tales pagos: la Agencia Informática de la Comunidad (ICM) y el Canal de Isabel II. Estas empresas, 100% públicas y con presupuestos multimillonarios, inflaron contratas con proveedores amigos. Estos sabían que debían disponer de dinero líquido y en b a disposición de Victoria para hacer pagos a quien el exconsejero les indicase, según se desprende de las pesquisas.

Aunque De Pedro rechazó declarar ante el juez, sí lo hizo, y con detalles, ante la Guardia Civil, tras su detención en octubre pasado. Entonces describió amaños de contratas en connivencia con el cerebro de la Púnica, David Marjaliza. Entre otras cosas señaló que el Gobierno de Madrid le seguía debiendo 140.000 euros y admitió que la firma Indra (uno de los proveedores de ICM) le abonó 10.000 en dinero negro, todo ello por indicación de Victoria, con quien mantuvo charlas telefónicas que interceptó la UCO de la Guardia Civil y que aludían a las gestiones que se estaban haciendo para que cobrase la deuda.

En uno de sus autos, el juez atribuye a Victoria, quien se halla imputado por cuatro delitos y sin poder salir de España por orden de Velasco, haber ordenado "pagos (…) con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación pero en función al cargo público que ostentaba en Ia Comunidad de Madrid".

Victoria dispuso de la Agencia Informática de la Comunidad y de Canal de Isabel II

Si bien las contratas de ICM no las firmaba directamente Victoria, sí era él quien debía autorizar las del Canal de Isabel II. Era su jefe político.

Las pesquisas de Púnica no están centradas, de momento, en el multimillonario Canal de Isabel II, pero en algunos interrogatorios han salido a la luz adjudicaciones supuestamente infladas y que ya están siendo indagadas. Las actividades de la Fundación del Canal se hallan, por ejemplo, bajo la lupa. Victoria fue citado como imputado el pasado día 20 de julio, pero eludió declarar. Aparte de lo antes indicado, el juez también le atribuye la gestión de "contratos de publicidad amañados de antemano para su adjudicación a conveniencia, así como entregas de dinero en efectivo para hacer pagos a Ia empresa SWAT, Braveheart y a un tal El Molécula", suscribe Velasco.

No solo están bajo lupa ICM y el Canal de Isabel II. Otra tercera empresa de la Comunidad de Madrid, 100% pública, objeto de investigación es Arpegio, que en los últimos años ha manejado cientos de millones de euros destinados a inversiones en los municipios de la Comunidad de Madrid a través del denominado plan Prisma. El juez Velasco indaga el pago de nutridas comisiones en recalificaciones de terrenos acometidas en numerosas localidades madrileñas en la época en que Francisco Granados era la mano derecha de la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y máximo responsable político del Prisma.

Entre los principales imputados de la trama (un total de 92, que crecerá a partir de septiembre), hay tres que, bien ante el juez o bien ante la Guardia Civil, han optado por admitir parte de los hechos que les salpican. Los dos primeros fueron José Martínez Nicolás (exgerente de ICM, la empresa de la Comunidad que supuestamente dio contratas infladas a Indra), y que implicó a Victoria en el pago de dinero negro a De Pedro por trabajos de reputación en Internet a favor de la buena imagen del expresidente González.

Hay tres imputados que han optado por admitir parte de los hechos que les salpican

También ha admitido parte de los hechos que se le imputan el propio Alejandro De Pedro, quien reconoció que realizó trabajos de mejora de imagen de políticos en Internet y que un alto cargo de Indra le dio 10.000 euros en negro por indicación de Victoria. Se los dio a escondidas en un sobre dentro de un Mercedes, en el madrileño barrio de la Moraleja.

El último imputado que ha decidido tirar de la manta, en toda su extensión, ha sido el socio de Granados: David Marjaliza, considerado el cerebro de la red. Marjaliza ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para reducir su pena a cambio de contarlo todo. Y, según fuentes jurídicas, lo ha hecho. Ha dado a los agentes papeles que acreditan pagos de suculentas comisiones (hasta 60.000 euros) a numerosos alcaldes de Madrid a cambio de que contratasen a Cofely para que esta firma francesa ahorrase energía eléctrica en sus municipios.

Cofely, de la mano de Marjaliza, acaparó contratas por 200 millones de euros, de los que salieron las comisiones. Además, Marjaliza ha hablado de las recalificaciones de terrenos en municipios avaladas por la firma pública Arpegio, y ha implicado también, según fuentes jurídicas, al actual y flamante consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), Jaime González Taboada, número tres en la lista del PP de los pasados comicios y persona de su total confianza. Cifuentes expresó ayer su absoluta confianza en Taboada. También ha implicado Marjaliza a una diputada regional de Ciudadanos, Eva Borox, dentro de una supuesta corrupción en Valdemoro, epicentro urbanístico de la trama Púnica.

El juez Velasco ha abierto 60 tomos del sumario, pero ha dejado secreta una parte de las diligencias, entre ellas las relativas a la declaración que ha efectuado Marjaliza. Su testimonio está siendo verificado por el juez, y las pesquisas ya apuntan a que "lo que ha dicho es bueno", según fuentes jurídicas.