El Gobierno se niega a suprimir la comisión que decidirá qué

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se ha reunido este jueves con blogueros y especialistas en Internet para explicar la postura del Gobierno y debatir con ellos el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en lo que respecta a las descargas en Internet y la propiedad intelectual. La reunión ha sido informal, donde González-Sinde ha explicado uno de los puntos más polémicos de la ley: la creación y funciones de la Comisión de propiedad intelectual, el órgano administrativo del Ministerio que decidirá qué medidas adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en Internet.

La reunión ha tenido momentos de tensión y ha terminado sin muchos resultados concretos, lo que ha disgustado a la mayoría de los convocados, que han salido bastante decepcionados.

La ministra ha explicado a los convocados cuál era la intención del Gobierno con la nueva regulación: el proyecto va específicamente contras las páginas que distribuyen contenidos ilegalmente y cobran por ello. Tras una hora de reunión, González-Sinde ha tenido que abandonar la sala para acudir a la inauguración de un museo, pero la charla ha continuado con especialistas de ministerio.

La postura mayoritaria de los convocados era que se retirara la disposición final de la ley, donde se prevé la creación esa comisión que determinará qué webs se deben cerrar, aunque luego el cierre se haga por mandato judicial.

El ministerio se ha mostrado rotundo, explicando que "no se puede retirar" esa disposición final y que solo puede ser modificada por el Parlamento. Los representantes de Cultura también han dejado claro que se cerrarán webs que hagan lo mismo que Spotify (un servicio de descargas de música), pero de manera ilegal.

En lo único que sí ha habido cierto acercamiento ha sido en elaborar un reglamento consensuado entre especialistas en Internet y del ministerio de Cultura, que determinarán quién debe formar esa Comisón de propiedad intelectual, cómo deben trabajar y con qué premisas deben actuar a la hora de determinar el cierre de una página web.

Entre los convocados a la reunión estában Virginia P. Alonso (directora adjunta de 20minutos.es) Julio Alonso (Merodeando), Enrique Dans (enriquedans.com), Alvy, de Microsiervos, Javier Sanz (ADSLzone.net), Gumersindo Lafuente (Soitu.es), Jesús Encinar (fundador de Idealista.com), Rosalía Lloret (rtve.es), Fernando Berlín (Radiocable.com), Mario Tascón, (Lainformación.com) y José Cervera (Perogrullo).

Julio Alonso ha comentado a través de Twitter que "el ministerio no muestra voluntad de cambiar el anteproyecto, todo lo más hablar del reglamento". "Dicen que nos quedemos tranquilos, los blogs estarán protegidos y todo quedará bien hecho en el reglamento", explica Jesús Encinar. Enrique Dans corrobora el estado de la reunión: "Nada. No hay diálogo. Pretenden que esperemos al reglamento y reunirnos tras las navidades". Los argumentos de Cultura se centran en el desarrollo de un gran portal de descarga de contenidos legales.

Una oleada de quejas

Esta medida provocó en muy poco tiempo una gigantesca oleada de quejas en la Red. Tan sólo unas horas después de que trascendieran los detalles del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, foros, redes sociales, blogs y diarios digitales recogían las críticas de miles de usuarios que exponían su disconformidad con la nueva norma. A su vez, un grupo de periodistas, blogueros e internautas redactaban el manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet', tras una puesta en común realizada en tiempo récord. En tan solo doce horas el texto era recogido por unas 58.000 bitácoras, entre ellas Microsiervos, Escolar.net o Enrique Dans. Numerosos medios como Periodistas.es, Barrapunto y 20minutos.es se sumaban también al manifiesto.

Para aplacar las iras, la ministra aclaró este miércoles que el órgano encargado de aplicar las nuevas medidas no llevará a cabo inspecciones preventivas ni solicitará a las operadoras datos de carácter personal.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Cultura explicaba que la Comisión "no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red" y que sólo actuará a instancia de parte cuando un titular o una entidad de gestión colectiva de derechos denuncien que la difusión de sus obras se está llevando a cabo sin licencia ni autorización. Según el Ministerio, el objetivo de este órgano será el "restablecimiento de la legalidad mediante la retirada del contenido difundido sin autorización".

A pesar de las explicaciones, la ley que prevé el Gobierno ha generado mucha confusión y opiniones muy dispares, la mayoría de ellas contrarias a que se aplique esta nueva regulación en el uso de Internet.