y la Generalitat de Catalunya lleva a los tribunales el Estado español.
El Gobierno saliente del PSOE no sólo prometió al Govern de la Generalitat que este año le pagaría los 759 millones de euros procedentes de la disposición adicional tercera del Estatut en concepto de inversiones del Estado en Catalunya en infraestructuras correspondientes al ejercicio del 2008, sino que se comprometió a ello por escrito. Y lo hizo al menos en dos ocasiones, según los documentos a que ha tenido acceso La Vanguardia.
El primer documento es una nota del Ministerio de Economía y Hacienda sobre "posibles acuerdos con Catalunya", material de trabajo de la entrevista que José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas mantuvieron el 7 de febrero en el palacio de la Moncloa, que no ofrece la menor duda acerca de la satisfacción de la deuda. El texto otorga un "sí" sin paliativos a su apartado b relativo al cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut y lo hace con un encabezado harto elocuente: "Cumplir la disposición adicional tercera del Estatut: Sí". A lo que especifica: "Sí es posible comprometer los 759 millones que resultan del acuerdo político para compensar el incumplimiento en el 2008 del porcentaje de inversión establecido en la disposición adicional tercera del Estatut". El "sí" de la nota es tan rotundo como el "no" que concede a la dotación del fondo de competitividad o el "condicionado" que dedica a la demanda para autorización de endeudamiento. Y el compromiso de abonar la cantidad pendiente, de hecho, fue el único acuerdo que salió oficialmente de la reunión entre los presidentes.
El segundo documento es el acta de la reunión –la octava– de la comisión bilateral Generalitat-Estado celebrada en Madrid el 19 de julio entre los miembros de las dos administraciones encabezados respectivamente por Josep Antoni Duran Lleida y Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno español. El apartado quinto del acta está íntegramente dedicado a la disposición adicional tercera del Estatut y en él se lee que Juan Manuel López Carbajo, secretario de Estado de Hacienda, "manifiesta que ambas partes están de acuerdo en cifrar las inversiones estatales establecidas en la disposición adicional tercera del Estatut pendientes del 2008 en 759 millones de euros". También se menciona que el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, "ratifica el consenso en la mencionada cifra y, asimismo, señala que dicha cantidad está ya incorporada a los presupuestos de la Generalitat (del 2011)". La conclusión de todo ello es que, "dado lo anterior, el presidente de la comisión –el presidente de turno era en esta ocasión Manuel Chaves– constata el acuerdo de las partes en cifrar el déficit inversor en infraestructuras en Catalunya correspondiente al periodo 2008 en 759 millones de euros y acuerda diferir a la comisión mixta de asuntos económicos y financieros y a la comisión bilateral de infraestructuras el desarrollo y concreción de dicho acuerdo". La misma acta recoge, además, la discrepancia del conseller de Economia "en la metodología de cálculo aplicada (sobre el contenido de la disposición adicional tercera del Estatut) y anuncia que propondrá su revisión en el seno del grupo de trabajo correspondiente".
Pero además de los documentos del propio Gobierno central reconociendo la cantidad de la deuda y comprometiéndose a abonarla, los presupuestos generales del Estado para el 2011 ya contenían una partida para satisfacerla, dotada con 950 millones. Se trata, en concreto, de la partida 32.01.9410.755, destinada "a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Catalunya e Islas Baleares en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en sus respectivos estatutos de autonomía", y cuya inclusión demuestra que el Gobierno del PSOE era perfectamente consciente al menos desde el 2010 –en la medida en que las cuentas del 2011 se aprobaron a finales del año pasado– del pago que tenía que asumir derivado de la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut.
Un pago, en consecuencia, que la Generalitat reclama desde la época en que el conseller de Economia era todavía Antoni Castells, al igual que el del fondo de competitividad, y que luego ha retomado Andreu Mas-Colell, pero a la vista está que, de momento, sin éxito. El Govern, por todo ello, se siente, en cualquier caso, cargado de razones para seguir insistiendo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno español, y por esto su intención es pedir al nuevo gabinete de Mariano Rajoy que asuma el de los 759 millones sin demora. Será una de las primeras demandas que Artur Mas le trasladará una vez sea presidente, consciente de que, aunque la responsabilidad del fiasco sea del PSOE, no hay excusas para no cumplir una promesa vital para que la Generalitat pueda cerrar el ejercicio sin aumentar el déficit previsto y, lo que es más importante, sin problemas de tesorería.
De no ser así, el impago daría al traste con todas las previsiones fijadas por el Govern de la Generalitat, que se siente en una situación de indefensión ante el hecho de que el Gobierno del PSOE haya optado por saltarse los acuerdos a la torera y no asumirlos antes de retirarse. De ahí que haya planteado la posibilidad de llevarle a los tribunales, más allá de la efectividad de la propuesta, como arma de presión para intentar conseguir la satisfacción de la deuda antes de que finalice el año. Un reto en el que no piensa dar su brazo a torcer, pero respecto al que sabe perfectamente que cada día que pasa se antoja más complicado.
