El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este miércoles que la pena mínima por convocar algaradas por Internet será de dos años para que los fiscales puedan pedir prisión provisional para sus autores y los jueces, en su caso, acordarla.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Fernández ha precisado que la propuesta en la que está trabajando el Ministerio del Interior con el de Justicia se traducirá en una reforma del Código Penal en la que se incluirá que sea tipificado como delito esas conductas y que la pena mínima que se imponga a sus responsables sea de dos años.
De lo que se trata, según el titular de Interior, es de intentar hacer frente a una violencia urbana que está coordinada previamente y que, mediante técnicas de la guerrilla urbana, ocasiona "una gran violencia" sobre las personas y los bienes.
Según ha dicho, se trata de un fenómeno que se vio en Cataluña durante la jornada de huelga general del pasado 29 de marzo, pero que también se ha registrado en otras ciudades españolas, "que se está generalizando" y que no tiene una respuesta "adecuada" desde el orden público.
Delito de resistencia pasiva
En su opinión, no está tipificada "de manera adecuada" en estos momentos la resistencia pasiva, es decir, la actuación de aquellas personas que desobedecen "de forma reiterada" las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"Hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad de la actuación con fuerza, que son la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas -ha proclamado Fernández Díaz-, porque no se puede estar pasivamente ante actuaciones de las de algunas personas que desprecian, injurian y desobedecen a las Fuerzas de Seguridad".
Durante su comparecencia previa en el Congreso, y antes de hablar con los periodistas en los pasillos sobre la pena mínima de prisión, el ministro del Interior ha avanzado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.
Técnicas de guerrilla urbana
"Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", ha explicado el Ministerio debido a que en el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar esta medida por falta de tiempo.
"También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público", han añadido las mismas fuentes.
Interior apuesta por incluir "como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas".
En su intervención, el ministro ha lamentado que "por desgracia" estos actos no suceden sólo en Barcelona. "No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenísimo jurídico".
Reformas legales
Según ha dicho estas reformas parten de una iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
Este miércoles, Ruiz-Gallardón ha reiterado que no descarta una reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil y el Código Penal para luchar contra el vandalismo.
En declaraciones a Rac1 y a propósito de los altercados en Barcelona durante la huelga general del 29 de marzo, el ministro se ha mostrado partidario de reformar la Ley de enjuiciamiento civil, porque ahora los jueces están muy limitados y "tienen que poner a esta gente directamente en la calle" hasta que se celebre el juicio.
Así, ha abogado por abrir una reflexión sobre cómo evitar que personas que han cometido determinados hechos puedan "reiterar esas conductas de forma inmediata y cometer otra vez esos actos de violencia callejera".
Tampoco ha descartado una reforma del Código Penal en la misma línea, aunque ha advertido de que no es partidario de reformar las leyes "a golpe de acontecimiento" y que la solución tampoco pasa por el endurecimiento de las penas.
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