Cierra la SPA y 26 entidades más.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial que incluye la supresión de 27 sociedades mercantiles estatales, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler.

El Gobierno acomete así una de las medidas que más ha esgrimido para reducir el déficit público. En el conjunto de las Administraciones Públicas hay 4.023 empresas, fundaciones, consorcios y entidades públicas. En la órbita estatal hay cerca de 400 de estas entidades. El Ministerio de Hacienda se ha fijado como objetivo reducir las duplicidades en el sector público y adelgazar el sector público empresarial.

Además de la Sociedad Pública de Alquiler, se espera que afecte también a Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, Remolques Marítimos S.A. o Sociedad de Venta de Loterías, entre otras. Además de suprimir 27 empresas públicas, el plan del Gobierno para la reestructuración del sector público incluirá la desinversión en ocho sociedades (un 6%) y la aligeración en 14 sociedades (un 10%). También habrá desinversión de participaciones minoritarias en 35 sociedades mercantiles.

Las operaciones planteadas afectan, por tanto, a un total de 49 sociedades mercantiles estatales, según han señalado fuentes del Ejecutivo.

El Ministerio de Hacienda y de Presidencia llevan varias semanas trabajando en este plan de redimensionamiento del sector público con el fin de "reducir, fusionar y eliminar las entidades que no sirvan a un propósito público claro y justificado". El objetivo, según el Gobierno, es "reorganizar el sector público empresarial bajo los principios constitucionales de eficiencia, economía y estabilidad presupuestarias".

Las empresas públicas, destacan las fuentes consultadas, tienen como cometido desarrollar actividades no cubiertas con la iniciativa privada y que se consideren de interés general. Pero el informe elaborado por los ministerios de Hacienda y Presidencia ha revelado que el crecimiento de estas sociedades en los últimos años no parece justificado y que en ocasiones se ha recurrido a las empresas públicas para huir de los controles presupuestarios que tiene la administración.