La testigo de cargo del ‘caso Nóos’ se echa para atrás
Federico Simón Valencia 12 JUL 2012 - 22:18 CET
La exdirectora de Gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), Elisa Maldonado, declaró en enero pasado ante la policía que el exdirector de la empresa pública dependiente de la Generalitat, Jorge Vela, le ordenó amañar un informe de 2005 poniendo la fecha de un año antes para dar apariencia de legalidad a la contratación del Instituto Nóos para que organizara las distintas ediciones del congreso deportivo Valencia Summit. La empresa presidida por Iñaki Urdangarin cobró más de un millón de euros cada año entre 2005 y 2006 por ese evento. Según su declaración firmada, lo hicieron para “vestir el santo”, una vez que se dieron cuenta “de que no habían justificado la contratación del Instituto Nóos”.
Ayer en Valencia, en presencia del juez de Palma de Mallorca José Castro, que investiga las ramas valencianas del caso Nóos, Maldonado se desdijo de aquella declaración, aseguró que no sabía porque había declarado aquello y dijo que no se acordaba de por qué había cambiado la fecha de 2005 por la de 2004 en aquel informe.
Castro, que ya tomó declaración a 14 personas en Valencia el pasado 14 de mayo, viajó de nuevo ayer para interrogar en dos días a otras 25.
Entre las 25 personas llamadas a declarar entre ayer y hoy figuran cuatro imputados por el juez Castro. Por la mañana, antes que Maldonado, fue el turno de la secretaria general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga, que fue hasta hace unos meses subsecretaria de Presidencia. Lo más destacado de su declaración es que esta vez sí señaló a la persona que le dio las órdenes a la hora de gestionar los contratos con la firma de Urdangarín: fue el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos. Villalonga está imputada por haber autorizado el pago al Instituto Nóos de una parte de los contratos referidos a otro convenio con esta firma, en este caso para la celebración, por tres millones de euros, de unos supuestos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a tener lugar. Finalmente, se pagaron 382.000 euros. Y en su declaración insistió en que el expediente era “intachable” porque no dio por buenas facturas por dos millones de euros presentadas por la firma de Urdangarin.
Después fue el turno de Maldonado, que según fuentes judiciales achacó el cambio de su anterior declaración a que estaba muy nerviosa y estresada por su embarazo, y que solo cuando después leyó lo que había declarado y firmado se quedó sorprendida sin saber por qué había dicho eso. “Una licenciada en Derecho como Maldonado no puede cambiar su declaración de esta forma”, exclamó la abogada de la acusación particular, ejercida por el Sindicato Manos Limpias, Virginia López Negredo, “porque es evidente que se ha puesto de acuerdo con las defensas de José Luis Vela [director general de CACSA entre 2005 y 2009] y Luis Lobón”, secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat hasta su imputación y director general de Grandes Eventos en 2004. La abogada se extrañó de que una abogada no sepa que eso sea falsedad documental.
Ya por la tarde prestaron declaración Lobón y María Ángeles Mallent, responsable jurídica de la firma pública, que entró a declarar como testigo hace un mes en la anterior visita de Castro y salió como imputada.
“Todas estas personas, después de sus imputaciones, se han puesto de acuerdo para llevar una misma línea jurídica”, aseguró López Negredo, “nadie se acuerda de nada, nadie se responsabiliza de nada y nadie sabe nada; todo el mundo es muy bueno y aquí nadie ha hecho nada, ese es el resumen de toda la jornada”.
Lobón “ha perdido la memoria totalmente” explicó la letrada porque en el caso de los congresos Valencia Summit no se acordaba ni quién le ordenó contratar a Nóos, ni en qué reunión se decidió, ni en qué consistía el proyecto. “Solo se acordaba de que era un proyecto viable e interesante y que había que darle trámite”, dijo López Negredo.
En cuanto a Mallent, la letrada de Manos Limpias aseguró que la responsable jurídica reconoció que no se hizo ningún informe de esa materia pero alegó que “no era preceptivo”.
A juicio de la letrada de la acusación particular eso no es verdad puesto que CACSA debe cumplir la ley de contratos del Estado.
López Negredo también destacó que Mallent negó que se hubiera hablado de pagar un canon a Nóos y, sin embargo, tanto Maldonado como Lobón hablaron de que sí existía un canón y que hasta se pactó uno con Diego Torres, el socio de Urdangarin.
