De nuevo, otro ejemplo de que las medidas represivas dictadas por los gobiernos no surten ningún efecto cuando se trata de frenar el intercambio de archivos protegidos. Suecia había impuesto unas leyes antipiratería bastante duras pero no han conseguido el efecto deseado, más bien al contrario, las descargas aumentan pero los gobernantes afirman que impondrán medidas aún más restrictivas para evitarlo.
Como los P2P están penados en Suecia, los usuarios han optado por métodos alternativos a la hora de compartir archivos como son los servicios de descargas directas o el streaming.
Según un estudio, un 60% de los hombres entre 15 y 25 años admiten haber usado servicios de streaming ilegales, mientras que la cifra oscila en un 40% en cuanto al sector que abarca de los 15 a los 74 años. Los servios de P2P y Bittorrent habían caído en picado desde la aprobación de la ley pero, incluso a pesar de estar “vigilados”, con el paso del tiempo han subido de nuevo hasta un 16 %.
Aún no han llegado a la cifra del 26 % que poseían antes de la ley pero asciende a gran velocidad pudiendo incluso superar esa cota en breve. Tan sólo 3 personas han sido acusadas de compartir archivos ilegales, cifra que dista mucho de las 800 que estimaba el Gobierno sueco. Y cuando se popularice el cifrado de archivos en los programas P2P esa cantidad se verá reducida a cero, seguramente.
El gobierno sueco se ha hecho eco de estos datos y afirma estar al corriente de los mismos. Aseguran que actuarán contra esas alternativas ilegales para que no les quede margen de maniobra a los usuarios que pretendan intercambiar archivos protegidos. Los suecos quieren bloquear cualquier posibilidad, primero contra el P2P y ahora que han visto su nula efectividad por la migración de usuarios a los servicios de streaming, van a eliminar también esa vía. Digamos que intentarán formalizar una ley muy similar a la que quieren los dirigentes españoles, la llamada Ley Sinde, que cerrará cualquier página que contenga enlaces dirigidos a contenidos con derechos de autor, aunque para ello no se necesita una orden judicial efectiva.
