El Fiscal General del Estado de Washington ha presentado una demanda judicial contra Altius Management, la compañía beneficiaria de una exitosa campaña en Kickstarter que no llegó a entregar las recompensas prometidas a sus inversores. El litigio se sitúa como el primero que protege a los consumidores relacionados con una campaña de crowdfunding, una modalidad de financiación que hasta ahora no ofrece garantías firmes a los que ceden capital.
La campaña para la baraja de cartas con diseños exclusivos Asylum Playing Cards comenzó en septiembre de 2012 y consiguió 25.146 dólares de 810 inversores, superando por un cómodo margen el objetivo inicial de 15.000 dólares. La campaña en Kickstarter prometía entregar las recompensas a los inversores en diciembre de 2012, pero más de un año después el envío no se ha producido en ningún caso.
La demanda alega que el propietario de Altius Management, Ed Nash, violó los términos y condiciones de Kickstarter donde se establece que los creadores "están legalmente obligados a satisfacer las recompensas de los inversores si la campaña tiene éxito". En todo caso, los términos de la web sitúan a la plataforma como un simple intermediario y establecen que "Kickstarter no está obligada a involucrarse en disputas entre usuarios, o entre usuarios y terceras partes".
Sentando precedente sobre la protección de los inversores colectivos, la demanda acusa a Nash de emplear prácticas que "constituyen actos injustos o engañosos de comercio e intercambio". La fiscalía del estado norteamericano reclama a la empresa 2.000 dólares como compensación para los 31 inversores que residen en Washington, además de los costes judiciales del proceso.
"Los consumidores deben ser conscientes de que la financiación colectiva [crowdfunding] no está exenta de riesgos", comenta el Fiscal General, Bob Ferguson. "Este litigio envía un claro mensaje a la gente que pide dinero público: El estado de Washington no tolerará robos en el crowdfunding. La Fiscalía General llamará a cuentas a los que no jueguen según las reglas".
La campaña para la baraja de cartas con diseños exclusivos Asylum Playing Cards comenzó en septiembre de 2012 y consiguió 25.146 dólares de 810 inversores, superando por un cómodo margen el objetivo inicial de 15.000 dólares. La campaña en Kickstarter prometía entregar las recompensas a los inversores en diciembre de 2012, pero más de un año después el envío no se ha producido en ningún caso.
La demanda alega que el propietario de Altius Management, Ed Nash, violó los términos y condiciones de Kickstarter donde se establece que los creadores "están legalmente obligados a satisfacer las recompensas de los inversores si la campaña tiene éxito". En todo caso, los términos de la web sitúan a la plataforma como un simple intermediario y establecen que "Kickstarter no está obligada a involucrarse en disputas entre usuarios, o entre usuarios y terceras partes".
Sentando precedente sobre la protección de los inversores colectivos, la demanda acusa a Nash de emplear prácticas que "constituyen actos injustos o engañosos de comercio e intercambio". La fiscalía del estado norteamericano reclama a la empresa 2.000 dólares como compensación para los 31 inversores que residen en Washington, además de los costes judiciales del proceso.
"Los consumidores deben ser conscientes de que la financiación colectiva [crowdfunding] no está exenta de riesgos", comenta el Fiscal General, Bob Ferguson. "Este litigio envía un claro mensaje a la gente que pide dinero público: El estado de Washington no tolerará robos en el crowdfunding. La Fiscalía General llamará a cuentas a los que no jueguen según las reglas".
Es EEUU, una republica xD
1º Creo que 2000 dólares es una multa escasa teniendo en cuenta la pasta que se ha llevado
2º Me parece ridículo que sólo tenga que indemnizar a los ciudadanos de Washington que seguro que son muy pocos, tendría más sentido que tuviera que indemnizar a todos y cada uno de los que apoyaron el proyecto independientemente de que vivan en Washintong, Paris o Madrid.
A lo mejor son 2000$ para cada uno de los 31 que residen en Washintong.
Esa cantidad solo se pide como compensación para los 31 backers (de los 810 totales) que residen en el estado de Washington, que son a los que representa la fiscalía.