Alemania es uno de los países europeos donde la industria discográfica internacional ha presentado más denuncias contra internautas por compartir archivos, incluso vimos como se presentaban cargos criminales contra muchos de ellos. Hoy sin embargo podemos leer un artículo en Heise Online en el que descubrimos, como suele ocurrir, que tras la publicidad mediática la realidad es bien diferente.
El artículo es bastante denso y repasa numerosos casos, pero la conclusión es que los jueces se están negando sistemáticamente a identificar a los usuarios demandados (de los que solo se conoce la dirección IP). Los magistrados consideran de poca importancia las posibles infracciones de propiedad intelectual y desproporcionado el hecho de emplear la vía criminal. La situación por tanto recuerda a la legislación española, la cual fue recientemente avalada desde Bruselas.
