LARA GRAÑA - VIGO El Gobierno central ultima el Real Decreto que permitirá a todas las administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos de personal laboral fijo. El Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley que persigue la "regulamentación" de las extinciones masivas de contratos, y uno de los capítulos está dedicado íntegramente a adelgazar el gasto de personal de los entes públicos. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de Real Decreto al que se someterá la administración central, autonómica, local y los entes instrumentales.
FARO ha tenido acceso a la documentación remitida por el Ministerio a las centrales sindicales bajo el epígrafe "proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada". Se trata de dos expedientes distintos que detallan qué cambios legales harán para permitir la extinciones de relaciones laborales, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.
Aviso por carta
Las centrales recibieron por carta el borrador, y ayer finalizó el plazo de consultas para realizar "observaciones" sobre el mismo. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el Ejecutivo es elaborar el Real Decreto que le da forma.
"Se remite una nueva versión del proyecto de real decreto", indicó en su misiva Javier Thibault. "Se ruega que las observaciones que puedan formularse se centren en el Título III" -continúa- "que contempla la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador" del 23 de mayo de este año, dice textualmente. "Nos han dado seis días para estudiar esta barbaridad, un ataque en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores", ataca una fuente sindical de CSIF, que ha pedido el anonimato.
¿Para quién es?
Los despidos masivos se ejecutarán por "causas económicas, técnicas, organizativas o de producción", y se aplicará en base a un baremo que el Gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al "10% del número de trabajadores" de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos. Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos también podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 trabajadores. Es la primera vez que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Causas de despido
La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. "A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas", dice el texto, "se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes". El déficit presupuestario -que se produce cuando el gasto supera a los ingresos- afecta a prácticamente todas las administraciones públicas. Si se produce el caso de que un ente público tiene superávit, podrán presentar EREs colectivos en otros supuestos. Por ejemplo, cuando las subvenciones que perciben (consejerías, ayuntamientos o fundaciones, por ejemplo) hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior.
También será posible aprobar un ERE cuando las autonomías justifiquen haber percibido un 10% menos de transferencias de capital del Estado. Asimismo, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración de referencia (estatal, local o autonómica) hayan disminuido otro 10% podrán llevar a cabo despidos colectivos.
Con y sin oposición
A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una "memoria explicativa de las causas económicas", así como los presupuestos de los dos últimos años y la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el expediente. Los trabajadores públicos fijos -no funcionarios de carrera- que aprobaron una oposición tendrán prioridad para quedarse, pero no están exentos de entrar en el ERE. Si el ente público considera que este requisito no es determinante podrá obviarlo, como consta en el artículo 41 del proyecto de Real Decreto.
En todo caso, la secretaría de Estado se reserva la competencia para decidir si aquéllos que hayan aprobado un proceso selectivo tienen esta prioridad, como refrenda el proyecto.
Ahora sí. Los efectos colaterales de la última reforma laboral llegan definitivamente al sector público. El Ejecutivo ha abierto de par en par la puerta a los despidos del personal laboral de todas las administraciones con un nuevo reglamento que está en su última fase de redacción, tal y como avanza hoy El País. Lo hace en el momento más delicado de esta crisis y con la repetida justificación del déficit. Pero, ¿realmente son necesarios los despidos para lograr una mayor eficiencia del sistema?
Vayamos a este nuevo paso del Ejecutivo para facilitar al máximo el adelgazamiento del sector público en España. En la reforma laboral se exponía la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos como razón para aprobar un despido masivo. Sin embargo, no había cifras y, por tanto, era difícil justificar un ERE en el ámbito público. ¿Cómo lo ha resuelto? Poniendo ese límite en el 10% de descenso en las transferencias respecto al año anterior.
Hacienda lo pone fácil
¿Cuál es el resultado real? Con este reglamento, el Ministerio de Hacienda lo pone realmente fácil para el despido, pues no creo que haya ni una sola administración en España (comunidades, ayuntamientos o diputaciones), ni empresas u organismos públicos que no hayan recibido un tijeretazo de menos del 10% en el último año. Por tanto, esta modificación sirve como excusa para, como decía, abrir la puerta de par en par.
Esta medida llega justo después de que el Gobierno haya incluido en el plan de recortes presentado a la Unión Europea una congelación de la oferta pública de empleo hasta 2014, como nos comentaba Aurelio en un post la semana pasada.
Y ahora viene otra pregunta: ¿Realmente tendrá efecto en la productividad, en la eficiencia de los que se queden? El debate sobre si el sector público español está sobredimensionado o no es muy antiguo y las posiciones suelen ser extremas. En mi caso, no dudo de que durante años se ha estado construyendo una administración paralela con sociedades, organismos y entes que tienen escasa o nula utilidad hoy en día. Es una realidad, al igual que la existencia de un colectivo de empleados (por los que pagan justos por pecadores, por cierto) cuyo nivel de productividad está muy por debajo de lo que debería ser.
Los argumentos a favor
En este polarizado debate, existen dos argumentos principales a favor del despido o la redimensión del sector público:
Hay muchos empleados públicos. Es demagogo y, además, una falacia. Hoy, representan el 14,8% del total, similar al de Estados Unidos y por debajo del porcentaje del Reino Unido. Otra cosa bien distinta es la eficiencia de ese personal, algo que se debería haber atajado hace mucho tiempo.
Otro de los argumentos utilizados es el que mira al sector privado: si éste ha tenido que afrontar un durísimo ajuste con cientos de miles de despidos y cierres de empresas, también le corresponde al público reajustarse. Creo que son magnitudes distintas y que no se deberían mezclar, pues las necesidades de servicios públicos de calidad suelen ser las mismas (o, incluso, mayores) en crisis que en épocas de bonanza.
Y ahora, los despidos
No creo que el despido masivo de los empleados públicos (700.000 laborales y 142.000 empleados de empresas con más del 50% de capital público) sea la solución ideal, aunque quizá no quepa lugar a otra en la situación de déficit actual. Abrir de esta manera la puerta a los despidos sólo deja en bandeja atacar a las áreas más delicadas y castigadas como Sanidad o Educación, como ha venido ocurriendo en los últimos años, al ser las que más gasto concentran, en vez de hacer un estudio fidedigno y pausado sobre las necesidades de personal y la imprescindible reorganización del sector.
Si durante los últimos años se hubiera atajado realmente el problema de productividad y eficiencia de esa maquinaria especialmente en comunidades y ayuntamientos, evitando duplicidades innecesarias, adaptándola a las necesidades reales en los servicios y a los adelantos tecnológicos sin necesidad de incrementar plantillas, hoy, con más de 5 millones y medio de desempleados, más de 800.000 personas no tendrían la espada de Damocles sobre sus cabezas, ni se generaría desconfianza en uno de los colectivos que debería ser quien mantuviera a flote un consumo hundido.
Lloyd Irving escribió:Por cierto, una duda, que yo de leyes no entiendo mucho, si un gobierno aprueba una ley como esta, ¿puede luego este u otro gobierno quitar esta ley facilmente?
raul_sanchez1 escribió:http://www.elotrolado.net/hilo_un-cargo-de-facenda-desvela-que-el-gobierno-ultima-un-decreto-para-despedir-empleados-publicos_1794485
Sensenick escribió:Deberían empezar por los interinos, hay demasiados que o bien han sido enchufados ("asimilados" tras becas, entrevistas y similares) o bien no han dado ni brote para estudiar.
Los laborales... de todo habrá supongo, pero tela...
![[carcajad]](/images/smilies/nuevos/risa_ani2.gif "carcajada")
Sensenick escribió:Deberían empezar por los interinos, hay demasiados que o bien han sido enchufados ("asimilados" tras becas, entrevistas y similares) o bien no han dado ni brote para estudiar.
Los laborales... de todo habrá supongo, pero tela...
