Esta semana hemos vivido cierta polémica en nuestro país, al conocerse que el Gobierno quiere convertir en ley la posibilidad de instalar troyanos en ordenadores y tabletas de sospechosos de cometer delitos. No parece tan descabellado que las fuerzas de seguridad puedan acceder, siempre con control judicial, a información privada de presuntos criminales, el problema viene cuando progresivamente se relajan esos controles y se accede cada vez a más información privada.
Lo hemos visto con la ley de retención de datos, una medida excepcional aprobada supuestamente para luchar contra el terrorismo y los delitos graves que pronto se podrá utilizar también para investigar cualquier delito, e incluso infracciones civiles de propiedad intelectual. Y el siguiente paso obvio es el uso indiscriminado de todos esos datos para espiar a la población al completo, algo que ya se está haciendo en los Estados Unidos.
Así lo ha destapado The Guardian, mostrando pruebas de que el Gobierno estadounidense accede sistemáticamente a la información de las llamadas que hacen sus ciudadanos. La orden judicial a la que ha tenido acceso el diario británico muestra una autorización para obtener todos los registros de llamadas de la compañía de telecomunicaciones Verizon durante tres meses, pero todo apunta a que sería una orden que se renueva continuamente y habría otras similares al resto de operadoras americanas.
La información suministrada no incluye el contenido de las conversaciones, pero sí los dos números telefónicos, fecha, hora y duración de la llamada y la ubicación del teléfono. Con estos datos, las agencias de seguridad pueden realizar perfiles de toda la población, incluyendo las relaciones y desplazamientos de cada persona, sobrepasándose claramente el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
