Es la crónica de una muerte anunciada. Virtualmente fulminado por la sentencia dictada en junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo ha empuñado la pala para dar sepultura al canon digital impulsado por el ex ministro José Ignacio Wert. En su veredicto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declara nula e inaplicable la tasa cobrada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para compensar a los autores las copias de sus obras realizadas por el público.
El canon digital de Wert es singular por el hecho de que no solo puso a juristas y organizaciones de defensa de los consumidores en pie de guerra; es que ni siquiera fue del gusto las propias asociaciones de autores, que contemplaron con horror el descenso en barrena sus ingresos por compensación, fijados en 5 millones de euros al año desde el año 2012. Esta es una cantidad muy inferior a los 115 millones que llegaron a percibir durante el último gobierno socialista gracias al aporte del antiguo canon sobre los soportes digitales, extinto en 2011.
La anulación del canon digital no supone ni de lejos el punto y final a una polémica que arrastra desde hace años. Lejos de ello, la sentencia obligará al nuevo gobierno de Mariano Rajoy a buscar y proponer una alternativa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se opone a que los países miembros puedan compensar a las asociaciones de autores por el supuesto perjuicio causado por la copia de contenidos con cargo a sus presupuestos generales (una fórmula ya utilizada por otros estados), como tampoco ve problema en que se añada una tasa a los dispositivos de grabación; el conflicto resulta de decidir la cantidad a pagar de antemano. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tampoco ve con buenos ojos la no distinción entre personas jurídicas (que no deberían pagar el canon) y físicas. Este será el encaje que deberá buscar el nuevo gobierno si quiere sacar adelante una nueva propuesta de canon digital.
