Uno de estos días atrás, durante la emisión de un programa de televisión, una diputada del Partido Popular sorprendió a la audiencia dejando escapar unas lágrimas que tenían mucho que ver con una discusión que se había iniciado en antena pero que había adquirido mucha vehemencia durante el intermedio. La razón no era otra que una crítica que algunos de los presentes hicimos a la clase política por mantener todavía muchos de sus privilegio mientras que a los ciudadanos se les exigen cada vez más y más sacrificios en forma de recortes. “Lo que no puede ser -le llegué a decir a la diputada del PP- es que yo te esté pagando a ti el móvil y el iPad”, y esa personalización de la crítica entiendo que no fue muy apropiada pero es lo que en realidad piensan millones de ciudadanos.
En su descargo, debo decir que se trata de una de las diputadas más trabajadoras y que con mayor pasión de servicio vive la política de todos los señores y señoras parlamentarios que conozco, pero es un hecho evidente que tanto los diputados como los senadores siguen manteniendo una serie de privilegios que en tiempos de crisis resultan excesivos, sobre todo cuando al resto de los ciudadanos se les pide que se aprieten el cinturón hasta extremos que a veces rozan lo inhumano. Teléfonos móviles pagados de nuestros impuestos, tabletas, hoteles de cinco estrellas, viajes en primera clase en avión y AVE, dietas, vacaciones parlamentarias muy extensas cuando no coches con chófer e incluso escoltas si se trata de cargos de primer nivel… Es verdad que, como dicen en su defensa muchos diputados, incluida esta parlamentaria del Partido Popular, seguramente en el sector privado ganarían más dinero que en su actual puesto, pero ese argumento no es válido porque nadie les obliga a estar ahí, lo hacen por voluntad propia y llegan a ese puesto por elección ciudadana como representantes de los intereses de la soberanía nacional.
Si de verdad quiere sentir el afecto de la ciudadanía, empiece esa reforma por eliminar de verdad todos esos privilegios que acumulan los políticos, adelgacen los excesos de la Administración, cierren empresas públicas inservibles… Y si necesitan un teléfono móvil para trabajar, páguenlo de su bolsillo, y luego pásenle al Congreso la factura de las llamadas de trabajo. Eso es lo que hacemos todos
Pero resulta que cuando llegan se olvidan de esos intereses y de la soberanía nacional, y les molesta que se les recuerde que están a nuestro servicio y que deben atenerse a las exigencias y a las demandas de la ciudadanía. Miren, sólo el Senado de España se ha gastado 1,7 millones de euros en telefonía móvil y tabletas para sus señorías. Es cierto que eso es lo que vulgarmente llamamos el chocolate del loro, pero si sumamos muchas tabletas de ese chocolate resulta que a lo mejor nos podríamos ahorrar esa retirada de 456 medicamentos de la lista subvencionada por Sanidad y que, sin duda, va a suponer un esfuerzo más para muchas personas que ya lo están pasando muy mal. Seguramente entre teléfonos móviles y tabletas de sus señorías de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, de parlamentos regionales, de Ayuntamientos y de otras muchas instituciones, y si a eso añadimos coches oficiales que utilizan hasta los jefes de Gabinete e incluso suprimimos muchos e innecesarios cargos que rodean a nuestros políticos con todo lo que llevan aparejado, a lo mejor ya estaríamos hablando de una cantidad que supera con creces esa cifra de poco más de 400 millones de euros de ahorro por la retirada de las medicinas.
Ni que decir tiene que solo las embajadas en el extranjero de nuestras Comunidades Autónomas cuestan al erario público muchísimo más que esa cantidad, y ya no digamos las televisiones públicas autonómicas que suponen más de 3.000 millones de euros al año. Este es el gran ajuste que hay que hacer en nuestra administración pública, el que se nos exige fuera de nuestras fronteras y el que exigen los ciudadanos dentro a su Gobierno y a la clase política en general. No hacerlo incidirá en el aumento de la desafección de los ciudadanos hacia sus representantes y, como he escrito más de una vez, en el crecimiento y aparición de opciones políticas que se sitúan extramuros del sistema. El Gobierno del PP tiene una oportunidad única para hacer ese trabajo, para embridar los excesos que la clase política ha cometido durante muchos años y meter en vereda el gasto y el despilfarro de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos, diputaciones…
No entiendo, por ejemplo, ese empeño del Gobierno por mantener estas últimas, salvo que se trate de una cuestión de aferramiento al poder recientemente conseguido. Si no se quiere que desaparezcan, al menos refórmense para que no sigan siendo un nido de corrupción y de amiguismo, ni una última balaustrada de poder a medio camino entre ayuntamientos y comunidades autónomas, y limítese su función al ejercicio de aquellas competencias que los municipios más pequeños no pueden asumir, para lo cual no hace falta más que una mera estructura administrativa sin otra pretensión que la de servir de cauce a las necesidades de los ciudadanos de determinadas poblaciones.
En las próximas semanas el Gobierno va a presentar una profunda reforma de la Administración Pública, o al menos eso es lo que está transmitiendo. Pues bien, si de verdad quiere sentir el afecto de la ciudadanía, empiece esa reforma por eliminar de verdad todos esos privilegios que acumulan los políticos, adelgacen los excesos de la Administración, cierren empresas públicas inservibles… Y si necesitan un teléfono móvil para trabajar, lo cual es comprensible, páguenlo de su bolsillo, y luego pásenle al Congreso la factura de las llamadas de trabajo. Eso es lo que hacemos todos, o casi, en nuestros respectivos empleos.
Y esto nadie se dará por aludido.
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