Actualización: Uber ha decidido ignorar la prohibición del juez y continuará ofreciendo el servicio. La empresa califica las medidas cautelares como "inconsistentes con un amplio reconocimiento político en España y la Unión Europea acerca de los beneficios de los servicios de la economía colaborativa en un momento de alto desempleo".
Noticia original: El juez de lo Mercantil del juzgado nº 2 de Madrid ha ordenado la cesación y prohibición de Uber, un servicio que pone en contacto a usuarios y conductores para desplazamientos a cambio de una comisión sobre el precio del trayecto. De esta forma se estiman las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi, planteadas de forma previa a la imposición de una futura demanda.
En la resolución el juez aclara que no se trata de una cuestión sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino “una protección cautelar basada en la legalidad vigente”. Se acepta la medida ya que los conductores contratados carecen de autorización administrativa para desarrollar la labor y actividad, lo que supone una competencia desleal.
La medida se toma sin escuchar a la empresa Uber por el daño que se está ocasionado a los titulares del servicio de taxi y porque es una compañía domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. La misma resolución se comunica a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a Uber.
A golpe de prohibición Uber está viendo como se detiene su agresivo plan de expansión mundial. La decisión tomada por el juez español es solo una muestra más de la reacción casi universal en contra de la compañía californiana. Ayer mismo y por las mismas razones que en España se prohibía Uber en Holanda, y hoy han sido las autoridades de Tailandia las que han ordenado el la suspensión inmediata de las actividades de la compañía por considerar que opera ilegalmente en el país asiático.
