La Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI), encargada de la retirada de webs de enlaces supuestamente “piratas” si así lo piden los titulares de los derechos de autor, ha recibido una querella por prevaricación. La también conocida como “Comisión Sinde”, concluyó que los enlaces de la web multiestrenos.com vulneraban la propiedad intelectual y dictó una resolución totalmente opuesta a una decisión judicial sobre el mismo caso, en el mismo día.
El abogado del administrador del sitio web, David Bravo, señala en el texto varias sentencias que consideran que la actividad de enlazar no supone comunicación pública de contenidos (y por lo tanto no es delito). Bravo señala en el texto como la CPI contradice al juzgado, “La resolución de un juzgado se ha visto desautorizada en todos sus fundamentos el mismo día de su dictado por una resolución de un órgano administrativo y un ciudadano ha recibido de forma prácticamente simultánea dos resoluciones opuestas entre sí en todos los sentidos.”.
También señala la peligrosa arbitrariedad de la resolución de la CPI, "Los hechos descritos tienen relevancia penal, al ser indicios serios de que sus protagonistas han dictado una resolución absolutamente arbitraria a sabiendas de su injusticia y sosteniéndola en argumentos absolutamente extravagantes". Bravo describe además a la “Comisión Sinde” como “un órgano creado expresamente para actuar contra páginas declaradas no infractoras de propiedad intelectual por los jueces y ello a base de interpretar y aplicar las mismas leyes de forma opuesta a estos".
Por ahora el juez ha ordenado, entre otras diligencias, que la CPI entregue una copia del expediente tramitado por la Sección Segunda donde aparecen los nombres de los funcionarios que firman la resolución. Un dato que el abogado asegura que no figura en la copia que el organismo envió al administrador de multiestrenos.
Este suceso se enmarca en la antesala de una reforma del Código Penal que endurecerá el delito contra la propiedad intelectual. Tras su tramitación, dicha reforma castigará con hasta seis años de cárcel la actividad de enlazar o facilitar la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor.
