Y lo ha hecho de forma abrumadora, con 438 votos a favor y 86 en contra en la cámara francesa. La raíz de está propuesta surge tras las acontecimientos ocurridos con el diario satírico Charlie Hebdo, una ley que concede amplios poderes al estado para vigilar a los ciudadanos a pesar de las críticas de los grupos de derechos en el país, quienes acusaban a la misma de vaga e intrusiva. Según Amnistía Internacional:
Este proyecto de ley es demasiado vago, demasiado amplio y deja demasiadas preguntas sin respuesta. El Parlamento debe garantizar que las medidas destinadas a proteger a las personas del terror no deben violar sus derechos básicos.
La nueva ley, que tiene que pasar por el Senado a finales de este mes, indica exactamente cómo las agencias de inteligencia en el país pueden reunir información, estableciendo un nuevo órgano de control conocido como Comisión Nacional para el Control de Técnicas de Inteligencia con el que se supervisará el acceso a los datos de los ciudadanos.
En esencia, la puesta en marcha de la propuesta permitirá a las autoridades el espionaje de las comunicaciones digitales y móviles de cualquier persona vinculada a una investigación “terrorista” o sospechosa de alguna actividad ilegal relacionada, sin la necesidad de una autorización previa de un juez.
No sólo eso, la nueva ley obliga a los proveedores de servicios de Internet y operadoras telefónicas a ceder los datos de los clientes si así lo estiman oportuno las agencias de inteligencia. Además, las agencias también tendrán el derecho de colocar dispositivos de grabación en viviendas privadas de sospechosos e instalar dispositivos con keylogger que registran las pulsaciones de un teclado en tiempo real.
Una de las principales críticas a la ley radica en que las autoridades serán capaces de mantener las grabaciones durante al menos un mes, y serán capaces de recoger los metadatos obtenidos durante cinco años. En cambio, para el primer ministro francés, Manuel Valls, el proyecto de ley necesitaba una actualización:
La anterior ley se remontaba a 1991, cuando no existían teléfonos móviles ni Internet, lo que hace del nuevo proyecto una ley crucial con vistas a amenazas terroristas.
Aun así, lo más controvertido de esta ley son las llamadas “cajas negras” (o algoritmos complejos) que los proveedores de Internet estarán obligados a instalar. En esencia, una nueva fórmula de monitorización del tráfico de Internet que buscará patrones de conducta, “palabras clave” de quién escribe, sitios de consulta o con quién se pone en contacto una persona durante una investigación en curso.
En definitiva, Francia crea así una nueva amenaza contra las libertades y derechos civiles de los ciudadanos en pos de la lucha contra el terrorismo y la propia seguridad del país.
