El Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que señala que la criminalización de los consumidores sin ánimo de lucro no es la solución para combatir la piratería. Además defiende una reforma del derecho de propiedad intelectual para adaptarlo al marco tecnológico actual, logrando un equilibro entre el acceso a los contenidos y la protección de los derechos de autor, ya que considera esencial garantizar un acceso sin obstáculos a los contenidos culturales en línea, por encima de una lógica puramente económica y comercial.
La noticia en principio es positiva, aunque apunta la posibilidad de un nuevo canon a Internet: la UE debe ejercer su función de promotora y reguladora sobre dichos contenidos culturales, garantizando que los creadores reciban las compensaciones económicas justas y adecuadas. Precisamente estos días desde el sector cultural español se ha vuelto a insinuar su derecho a recibir una parte del pastel de Internet.
