Al igual que en muchos otros países, la financiación comunitaria del crowdfunding continúa abriéndose paso en España con una cifra de inversiones que ya llega a los 9,5 millones de euros anuales. La mayoría de estas participaciones monetarias están dirigidas hacia pequeñas empresas o startups que buscan arrancar un proyecto emprendedor, en ocasiones partiendo de una simple idea.
Pero aun mientras el crowdfunding intenta asentarse definitivamente dentro de nuestro país, el Gobierno español ha decidido regular este incipiente sector tal como adelanta El Confidencial. Según el diario, el Ministerio de Economía estudiará hoy mismo una nueva Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, la cual se refiere específicamente a la "financiación participativa" incluyendo diversas medidas con el afán de proteger de alguna manera a los inversores.
Con la nueva ley, las plataformas de crowdfunding no podrán recibir más de un millón de euros para cada proyecto y deberán contar con un capital inicial mínimo de 50.000 euros, o bien un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000 euros. Las aportaciones de la comunidad también se verían reducidas hasta los 3.000 euros por inversor, con un máximo de 6.000 euros al año invertidos en este tipo de proyectos.
La ley de Financiación también afecta a la supervisión de las plataformas de crowdfunding, que ahora deberán estar registradas en el CNMV y el Banco de España, pasando a considerarse responsables por la información publicada en su web por parte de los promotores del proyecto. Estos últimos a su vez deberán estar válidamente constituidos en suelo español.
En caso de incumplimiento de alguna de las normas estipuladas la nueva ley contempla un régimen de sanciones. Estas van desde un mínimo de 25.000 euros hasta un máximo de 200.000 euros, con la posibilidad adicional de acarrear una prohibición para operar durante un plazo de cinco años.
