Ya es oficial, la vicepresidenta del Gobierno y el Ministro de Justicia han presentado la nueva reforma legislativa con la que pretenden poner freno a las webs de descargas. El proceso es el que ya se había filtrado: una comisión del Ministerio de Cultura decidirá qué páginas web bloquear, mientras que un juzgado especializado de la Audiencia Nacional será quien autorice dicho bloqueo si considera que con ello no se vulneran derechos fundamentales (libertad de expresión, de información, etc.), sin entrar a juzgar si la web tiene o no contenidos ilegales. Y todo ello en un tiempo récord de tan solo cuatro días, situando la propiedad intelectual a la cabeza de los derechos a proteger por el estado.Las implicaciones de la reforma son bastante grandes, ya que como explica Sánchez Almeida se traslada la defensa de la propiedad intelectual al ámbito administrativo. De aprobarse, será el estado quien se encargue de hacer directamente el actual trabajo sucio de las entidades de gestión, discográficas y demás, con medios mayores y más eficaces y, en caso de errar y con las prisas cerrar lo que no toca, seremos los ciudadanos quienes costeemos las correspondientes indemnizaciones. La reforma irá al Parlamento el próximo mes de febrero para su tramitación, donde esperamos que encuentre algún obstáculo.
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