Tras el desacuerdo en las negociaciones entre la industria cultural y los proveedores de Internet el Gobierno tenía la papeleta de regular el problema de las descargas no autorizadas y, según parece, lo hará aceptando las pretensiones de La Coalición. Así, camuflado en un anteproyecto de ley económica, incluye importantes cambios en la ley de Internet (LSSICE) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que permitirán bloquear páginas de descargas sin las suficientes garantías judiciales.Actualmente, la LSSI permite que un organo competente pueda interrumpir un servicio web ante determinados casos de gravedad, como delitos de racismo, pornografía infantil, contra el orden o la salud público; pero tras la reforma la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual será un nuevo motivo. Y no acaba ahí la cosa, ya que con la nueva LPI este organo competente será una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura. Según comenta David Bravo, ante el actual fracaso judicial en la persecución de las webs de descargas, con la reforma González-Sinde le da un claro mensaje a los autores: no os preocupéis por estos casos porque mañana las voy a cerrar yo. Gracias a todos los usuarios que nos habéis avisado de la noticia.
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